El compás de espera inició para los afectados que siguieron juicios penales en contra de los antiguos accionistas de dos constructoras por el delito de estafa.

4.022 personas son las perjudicadas por las compañías Unión Constructora (UC), y Habitavia Home S.A.de Quito, que recaudaron de los clientes aproximadamente $15 millones por la compra de los proyectos habitacionales que no recibieron.  

Caso Unión Constructora

Unión Constructora era una compañía inmobiliaria de Quito, cuyos exaccionistas Javier P. y Yadira T. fueron juzgados y sentenciados en septiembre de 2013 por el delito de estafa, porque nunca entregaron las viviendas ofrecidas.   

Los 3.544 afectados de esta empresa se encuentran a la espera de  la devolución de su dinero, con la venta de bienes de la empresa que ingresó al proceso de liquidación desde 2013.

La Superintendencia de Compañías informó que en este tiempo se ha completado la mayor parte de este proceso previo a la cancelación.

 Suad Manssur, superintendenta de Compañías, y Edith Duque, liquidadora, se reunieron el último jueves  con los afectados en Quito para explicarles los principales avances.

Duque afirmó que hasta el momento se ha pagado a 63 extrabajadores, al IESS y al SRI, lo que era un requisito indispensable antes del pago a los perjudicados.  

Además, la liquidadora explicó que los 3.544 afectados que la Superintendencia tiene en sus registros, son quienes en este tiempo mostraron sus respaldos sobre la compra de lotes o casas.   

Explicó que los bienes que la Superintendencia registró de la inmobiliaria y que se pueden comercializar en la liquidación fueron 9, y que suman $1’621.000.

 Porque con el dinero que la compañía recibía se compraron activos, ya sea a nombre de la empresa o de  personas naturales.  

“Como liquidadora yo respondo solo por los bienes de la empresa”, dijo.

Por ello, la liquidadora indicó que al momento se logró la venta de 2  bienes, por lo que faltan 7 por  comercializar. Sin embargo, el  perjuicio de Unión Constructora es de $12’773.673.

Duque manifestó que se encuentra en indagación de la Fiscalía si existen bienes que fueron adquiridos a nombre de terceras personas.

Suad Manssur destacó que en estos 2 años se logró la organización  de la empresa, con su información contable real.

“La empresa no tenía balances ni  activos y se la ha puesto en orden”. Fue necesaria la total reconstrucción comercial y contable con la finalidad de organizar los pagos.

Uno de los principales problemas que tuvieron que enfrentar, es que muchos de los proyectos habitacionales que ofrecía Unión Constructora no existían.

“Se tuvo que hacer desde planos, regularización de terrenos en el municipio y eso toma tiempo”, dijo Manssur.

La superintendenta también manifestó que aceptó la renuncia de Edith Duque, solo como liquidadora en el caso de Unión Constructora.   “El nuevo liquidador tendrá que vender los bienes que quedan y pagar”. El dinero será entregado a prorrata, es decir a todos por igual. “Como Superintendencia de Compañías,  nuestra labor es liquidar lo que recibimos”.

William Aguaguiña, abogado que representa a 1.480 personas, espera  que el proceso avance para la recuperación de  los dineros.

Anita Díaz es una de las perjudicadas. Ella invirtió $6.600 en la adquisición de una vivienda en 2013.  

Habitavia Home

Un total de $3’115.000 deberán cancelar  los exdirectivos de la empresa inmobiliaria, ubicada en Quito, a los 478 perjudicados.   

Así lo determinó el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha al notificar por escrito la sentencia condenatoria por el delito de estafa en contra de Henry B., como autor, y Zara F., cómplice, quienes deberán cumplir 3 años y 1 año seis meses de prisión, respectivamente.

Henry B. y Zara F. eran los directivos de las compañías inmobiliarias Habitavia Home S.A., Desanova y Viavivendi, y ofertaban planes habitacionales que no cumplieron.

En el juicio que se efectuó el 29 de diciembre de 2014 se demostró que existió sobreventa en el plan, pues ofertaron 185 inmuebles a 1.190 personas.  

Paulina Vinueza, procuradora de los afectados, afirmó que de los 478 perjudicados, 91 tendrán que pedir la ejecución de la sentencia en el mismo tribunal para la devolución de sus valores, pues ellos presentaron acusación particular. Mientras que 367 tendrán que seguir el trámite de un juicio civil.

El delito de estafa está tipificado en el artículo 563 del anterior Código Penal, y sanciona con 6 meses a 5 años de prisión. (I)