Implementar tecnología para el control de salida e ingreso de los pescadores artesanales es uno de los compromisos que anunció César Navas, ministro Coordinador de Seguridad, durante la reunión del Comité de Seguridad Humana en el Mar, desarrollada la semana anterior, en Tonchigüe (provincia de Esmeraldas). En este espacio el secretario de Estado escuchó las inquietudes de los pescadores y anunció las medidas implementadas para el beneficio del sector.

¿Cómo se iniciaron estos diálogos con los pescadores?

Como política de Gobierno se dio prioridad al sector pesquero artesanal, enfocado en lo que es la seguridad. Esto nace tras constatar un repunte de actividades ilícitas en el mar y también robo a motores. En este sentido se propuso la creación de los Comités de Seguridad de la vida del Mar para los pescadores artesanales.

¿Qué buscan estos comités?

Los comités están localizados en las provincias con salida al mar, como Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Galápagos. Se articulan las autoridades locales entre los representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), las Cámaras, la Marina y lo preside el gobernador seccional. Ahí se revisan avances en tema de seguridad y se plantean nuevas metas. En el último encuentro, que fue en Esmeraldas, se analizaron los actos ilícitos que se cometen en la marea, sobre todo los vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles problemas se detectaron?

Se detectó que las personas salen desde los puertos con droga encaletada en sus embarcaciones que la llevan a Centroamérica. Esto se registró especialmente en Manabí. Por ejemplo, solo en Esmeraldas están detenidas 360 personas por esta causa.

¿Qué se ha hecho al respecto?

Verificamos que se trata de reclutar a los pescadores artesanales. Les pagan entre $ 35.000 y $ 70.000 dependiendo de la cantidad de droga que transportan. La política en el territorio es promover acciones para mantener la seguridad de los pescadores y que cumplan de forma correcta sus tareas artesanales. Lo que no entiende el pescador es que por cometer este ilícito pueden estar en prisión entre 10 y 20 años en los países de Centroamérica.

Nosotros hemos ido con ese mensaje. En coordinación con el Magap fomentamos la actividad pesquera artesanal. Para eso, a través de trabajos de inteligencia, tratamos de contactar cuáles son los cabecillas que tratan de reclutar a los pescadores. Nos reunimos con varias asociaciones para atacar el problema.

Detalle las acciones emprendidas para corregir esta situación...

Iniciamos un relacionamiento directo con la autoridad marítima. Para esto, cada vez que los pescadores agremiados salen a alta mar informarán al capitán de puerto que van a zarpar. Con eso, la actividad marítima reforzará la acción de vigilancia en el territorio.

Además se fortaleció la videovigilancia en las caletas pesqueras. Se colocaron cámaras del ECU911, a cambio, pero cada pescador debe contar con el requisito de zarpe (permiso) para conocer cuándo salieron y cuándo regresarán. Hay pescadores que salen sin los requisitos y traspasan los límites marítimos. Y no podemos garantizar su seguridad cuando se encuentran en aguas internacionales.

¿Qué resultados han obtenido con estas acciones?

Se fortalecieron los trabajos de inteligencia. Las autoridades marinas (Dirnea y comandos de guardacostas en territorio) capturaron 3 toneladas de droga solo en Esmeraldas, otro número importante fue en el archipiélago de Galápagos y también se efectuaron operativos en la provincia de El Oro.
Este fortalecimiento de inteligencia en el territorio permite tener información importante para tomar acciones eficaces en la acción contra el delito.

¿Cuáles incentivos implementó el Gobierno para facilitar la labor de los pescadores?

Se reconoció el seguro contra robo de motores, pérdida de embarcación o de accidentes. El régimen cubre el 70% y ellos el 30%. Este beneficio llegará a 16.000 embarcaciones. Se ha establecido que el seguro sea un requisito para zarpar y para que la embarcación tenga matrícula. Nos pidieron una extensión de fecha para el registro y fue aprobado.

¿Cómo se encuentra el proyecto de instalación de chips de seguridad?

Hubo un primer intento del proyecto, pero el proveedor incumplió. No hubo perjuicio para el Estado, así que estamos retomando el propósito. Esta semana se analizará el trabajo. Nuestro compromiso con el presidente (Rafael Correa) es que antes de que termine el Gobierno debe ser implementado. Funcionaría de una forma similar a la que opera el proyecto de Transporte Seguro (enlace de cámaras, botones de pánico).

¿Cuáles serán las ventajas de este proyecto?

Permitirá hacer más controles, por ejemplo, la asignación de subcupo de combustible. El galón de combustible para pesca artesanal le cuesta al Estado $ 1,74. Pero los pescadores pagan $ 0,92. Se subsidia $ 0,82 por galón. Solo en la provincia de Esmeraldas se requieren más de 1’100.000 galones al mes. Es decir, más de 12’000.000 de galones al año. Por eso no se puede permitir que ese combustible se utilice en actividades ilícitas.
Otro control será para conocer su posición y apoyar la seguridad en caso de robos.

Un sistema similar se aplica en las embarcaciones de Galápagos ¿qué experiencia tienen?

En el archipiélago de Galápagos las fibras (embarcaciones) tienen un dispositivo de ubicación. La normativa se aplica a las embarcaciones que tienen más de 20 toneladas de registro bruto (TRB). Trabajamos para que se aplique a embarcaciones de 5 TRB para la seguridad de los pescadores. Hay algunos países que cuentan con esta modalidad como Panamá y Costa Rica. Es una buena práctica que permitirá apoyar al pescador.

¿Qué innovaciones tecnológicas se ejecutaron para fortalecer la labor de la Marina?

El Gobierno compró unas lanchas interceptoras italianas, los aviones no tripulados para hacer seguimiento a los delincuentes, se adquirieron 7 embarcaciones de 26 metros. Son navíos espectaculares que dan más de 30 nudos y tiene buena permanencia en el mar. Se adquirieron 12 buques que serán puestos al servicio a finales de este año y el primer trimestre del próximo año, este equipamiento será para el comando de guardacostas.

¿A cuánto ascendió la inversión del servicio de guardacostas?

Solo para el comando de guardacostas fue entre $ 80’000.000 y $ 90’000.000 (9 años de Gobierno), fuera del gasto corriente. Esto contempla la incorporación de 9 guardacostas y las lanchas interceptoras. (I)