En 3 años, desde 2012 a 2014, la Fiscalía General del Estado investigó 134 casos de lavado de activos. Pero en mayo de este año la misma entidad informó que se encuentran en indagación 274 expedientes referentes a este delito, de los cuales 11 están en etapa de instrucción fiscal; sin embargo, no tienen una cifra sobre la cantidad de dinero que se lava a través de las diferentes estrategias que usan especialmente las bandas de crimen organizado.

El último estudio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que en 2011 el lavado de dinero representa el 3,6% del producto interno bruto (PIB) del mundo, es decir, alrededor de $ 320 mil millones, de los cuales $ 150 mil millones se ‘lavan’ en Latinoamérica.

La expresidenta del Gafisud, Tamara Agnic, en declaraciones a la prensa ecuatoriana, formuladas el año anterior, dijo que apenas somos capaces de decomisar el 1% del dinero que se lava en el mundo.

El director provincial de la Fiscalía de Pichincha, Wilson Toainga, indicó que al ser el lavado de activos una de las vías como el crimen organizado fomenta sus ganancias, es fundamental perseguir este delito, ya que afecta a las economías de los Estados, porque genera una falsa percepción de ingreso de divisas.

“Por este motivo es muy difícil investigar este tipo de casos; por eso los estamentos estatales deben unirse para enfrentarlo”, sostuvo.

Toainga mencionó que el lavado tiene muchas formas de expresarse  y elabora entramados complejos para meter el dinero sucio y que pase desapercibido; además es un delito transnacional, ya que los dineros que generan los delincuentes en un país pueden ingresar a otro o utilizar ciertas entidades financieras como sitios de paso hacia otras latitudes.

La asesora de la Fiscalía, María Fabre Haro, dijo que este delito trae como consecuencia la afectación de la administración pública y la estructura misma de los Estados, por el ingreso de dinero indebido.

“Esta situación motivó que el Ecuador, a fin de cumplir con las recomendaciones del GAFI, incorpore en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) varios artículos que van desde el 317 al 320, en los que se tipifica el delito de lavado de activos, los que establecen como sanciones penas privativas de libertad de 1 a 10 años, así como el decomiso de los medios, instrumentos y resultados del delito e incluso sanción contra la persona jurídica involucrada.

Pese a este esfuerzo jurídico, la experta colombiana en lavado de activos, Marcia Rodríguez, considera que es necesario capacitar a los operadores  judiciales para que puedan identificar los sectores donde el crimen organizado intenta lavar el dinero y logren recuperarlo.

“No se ve la eficiencia en el combate al crimen organizado en esta área, porque estas bandas tejen estructuras complejas y se preparan de manera técnica; además, buscan sitios donde las autoridades no son fuertes”, dijo la profesional.

También opinó que Ecuador cuenta con normas muy recientes y el tema de lavado ha sido una preocupación para no estar mal evaluados por el GAFI.

El director de la Escuela de Fiscales, Teodoro Barros, dijo que la entidad creó en 2014 la Unidad Antilavado, que se dedica a seguir este tipo de casos, “por eso capacitamos continuamente a los 34 fiscales que trabajan a nivel nacional”. (I)