En grupos de 10, las personas privadas de libertad del centro de rehabilitación social ‘El Rodeo’ acuden a las aulas de la Unidad Educativa de Personas con Escolaridad Inconclusa, donde reciben el material impreso que se va socializando bajo la guía de los maestros.

Esta actividad se ejecuta desde el lunes último y hasta una semana antes del inicio del nuevo período lectivo contemplado para el 4 de julio, manifestó Mónica Molina, responsable del área educativa del CRS manabita.

En el área de educación, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos puso énfasis, pues quiere erradicar de las cárceles el analfabetismo y conducir a los internos a tener una carrera universitaria que les ayudará a salir adelante cuando sean libres.

Según información del Ministerio de Justicia, 149 internos están en proceso de alfabetización, 2.448 en educación básica, 427 en bachillerato y 184 en nivel superior. Prácticamente un total de 3.208 privados de la libertad estudian en los CRS del país.

Aprendizaje de oficios

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, insistió en que en los Centros de Rahabilitación Social hay cero ocio; por eso, hombres y mujeres aprenden oficios en los diferentes talleres instalados en los recintos penitenciarios.

Un ejemplo de ello son 7 mujeres recluidas en el centro de rehabilitación social (CRS) Regional Cotopaxi, que aprenden en el taller a coser y al momento confeccionan pijamas para la venta, que para ellas será un ingreso económico para sus familias.

Esthela F. explica que antes se dedicaba a la limpieza de casas debido a que no sabía hacer nada. “Esta situación va a cambiar, porque he aprendido a usar máquinas de coser y se convertirán en mis aliadas para emprender un taller textil cuando recupere mi libertad”.

El trabajo remunerado

Dentro del sistema de rehabilitación social, el Ministerio de Justicia ha logrado que varias empresas contraten a personas privadas de libertad (ppl) y con ello tengan una remuneración. Por ejemplo, en el CRS de Jipijapa, dos internos trabajan en la producción agrícola e incluso ya tuvieron sus primeras ventas. A finales de abril de este año cosecharon y vendieron camote frito, completando el proceso de la cadena de producción y apuntando a la conformación de una microempresa con un producto ciento por ciento natural.

Zúñiga indicó que alrededor de 10.000 ppl están capacitados para trabajar porque asisten a los talleres de oficios. El cambio es radical en los CRS del país, donde el 70% de los internos cumple una sentencia, sostuvo. A la funcionaria no le preocupa el criterio vertido por el defensor público, Ernesto Pazmiño, en torno a las penas desproporcionadas.

Pues ella considera que a través del debido proceso se llega a una sentencia en delitos graves, “no se persigue ni se condena a las personas por su condición social”. El sistema de rehabilitación social está cumpliendo su objetivo, que es “lograr mantener alejadas de la vida delictiva a las personas que salen del sistema penitenciario”, agregó.

Defensa del sistema judicial

Gustavo Benítez, fiscal de Delitos contra la administración pública, indicó que no se podría hablar de desproporción en la sanción de la pena, porque un tribunal decide a base de los atenuantes o agravantes presentados en un juicio, lo que permite dictar la sentencia que está determinada en el COIP. Hasta el cierre de esta edición, el Consejo de la Juditura no se pronunció sobre las declaraciones de Pazmiño. (I)