Un total de 1.138 personas fueron atendidas en el nuevo servicio telefónico de asesoría legal gratuita de la Defensoría Pública de Ecuador, en diciembre de 2014, su primer mes de funcionamiento.  

De esta cifra, 800 llamadas fueron consultas de los parientes de las personas privadas de libertad (ppl); 122 de mujeres en situación de violencia intrafamiliar buscando ayuda legal; 94 fueron por temas de niñez y adolescencia (demandas de alimento o visitas); 77 asesoramientos sobre derechos laborales y las demás en materia civil, como legalización de tierras e inquilinato, según datos de la Defensoría Pública.
       
Número 151

El nuevo servicio consiste en marcar el número 151, desde un teléfono celular o fijo, para recibir la asesoría jurídica, y sin costo.

Ernesto Pazmiño, defensor público general, afirmó que la iniciativa surgió para dar respuesta inmediata a ciudadanos de escasos recursos que muchas veces tienen que acudir a las dependencias desde sitios lejanos.

Explicó que el usuario, desde cualquier ciudad del país, llama al número, y los asesores -que se encuentran en un centro de llamadas en Quito- se encargarán de brindar las asesorías en temas judiciales: alimentos, laboral, penal, civil, violencia intrafamiliar, entre otros.

Luego, ellos direccionarán al solicitante a un respectivo defensor, para que asuma el patrocinio legal.

En el caso de situaciones de violencia intrafamiliar, sostuvo que el servicio puede ayudar a las mujeres agredidas, pues muchas veces no saben qué hacer en esos casos.  

Pazmiño señaló que la asesoría telefónica es una manera de acercar los servicios de la Defensoría Pública a la ciudadanía, y que se hará un respectivo seguimiento de cada caso, para que no quede en una simple orientación.   

Además, anunció que adicionalmente al centro de llamadas que opera en Quito, se abrirá otro en Guayaquil, dependiendo de la demanda de asesorías.

Y en marzo se complementará este servicio con la Defensoría Pública Móvil. Por ejemplo, si un usuario llama desde una parroquia lejana como Píntag, en Quito, se acudirá personalmente para la atención de su caso. “Las unidades son vehículos equipados con los juristas para asistir personalmente al ciudadano”, manifestó.

En opinión del  abogado Rogelio Valencia, la asesoría telefónica puede servir, siempre y cuando el solicitante explique bien al asesor de qué se trata el problema legal a resolver.

Porque el usuario podría plantear un asunto como un problema vecinal, y resulta que es de inquilinato, puntualizó el jurista.

Por ello,  manifestó que el asesor deberá recomendar al solicitante que traiga todos los documentos posibles cuando, luego de exponer su caso vía telefónica, se acerque personalmente a las dependencias.

“Es necesario verificar físicamente la documentación, que es la clave para iniciar la demanda o ganar un juicio”, dijo.

Para Valencia, las asesorías ayudan por la falta de cultura jurídica del ciudadano cuando acude a una dependencia, y que podría ser complementario con los colegios gremiales de abogados del país. “Estas entidades también pueden brindar conocimiento a los ciudadanos en general sobre temas legales”, acotó.   

José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, indicó que es importante verificar que el solicitante de la asesoría telefónica de la Defensoría Pública sea una persona que necesariamente no pueda acceder al costo de un abogado particular por su condición económica, como lo establece la Constitución.