Siete libros contiene el Plan Nacional de Seguridad Integral, elaborado para 4 años. Está enfocado en cumplir 33 metas a base de 36 políticas sectoriales y de 179 estrategias establecidas para este fin. La reducción de delitos como el robo a personas en el 6% y el hurto de carros en el 15,1%, así como asesinatos a mujeres a 2 por cada 100.000 habitantes, son, entre otras, las metas que se proponen en el Plan de Seguridad. Con este texto trabajará el Ministerio Coordinador de Seguridad, junto con las secretarías de Estado de Justicia; de Defensa Nacional; de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; del Interior; Inteligencia; Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Homero Arellano, ministro Coordinador de Seguridad, afirmó que las agendas definidas permitirán el cumplimiento del proyecto que gira alrededor de 3 ejes: prevención, previsión y atención, con énfasis en una cultura de paz, soberanía e integración. Confianza policial También se plantea el aumento del 80% de la confianza en la Policía Nacional y la percepción de seguridad en los espacios públicos. Al respecto, José Serrano, ministro del Interior, manifestó que el propósito de este año hasta el 2017 es recuperar la sensación de confianza en el 70% de lugares públicos, pues actualmente la ciudadanía percibe seguridad solo en un 40% de esos sitios. Para lograr este objetivo se invertirán $ 60 millones en la construcción y remodelación de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) en el país. Además, de acuerdo con el Plan de Seguridad, los patrullajes policiales se programarán en un promedio de 16 horas al día, puesto que al momento se realizan de 8 a 9 horas en algunos distritos. También el texto pone énfasis en los centros carcelarios del país, al señalar una disminución al 50% de mujeres víctimas de violencia psicológica, 30% física y 21% sexual. Hacinamiento Este Plan de Seguridad también prevé la reducción del 40% en el hacinamiento de los centros de rehabilitación social, según explica la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Desde enero de este año ya se implementa el nuevo modelo de gestión, que no solo corresponde a la rehabilitación social, sino a las nuevas infraestructuras construidas para las personas privadas de libertad (PPL), afirmó Zúñiga. “La construcción de estos nuevos centros regionales permitirá terminar con el hacinamiento de presos en el país”, dijo. Para el cumplimiento de esta meta del sector Justicia, se presupuestó cerca de $ 200 millones en la construcción de los nuevos edificios, indicó la funcionaria. La consolidación de los sistemas de rehabilitación social de los privados de libertad, así como la atención integral de los adolescentes en conflicto con la ley, están entre los retos de esta entidad, que desde ya planifica la formación educativa para el 80% de estos jóvenes. El presupuesto del Plan de Seguridad es de $ 539 millones, con lo que se prevé cumplir todas las metas establecidas.