El personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) analizó ayer el documento, en el cual consta el veto parcial del Ejecutivo sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en materia penitenciaria. 

Ana Coronel, directora del Régimen Abierto, consideró que las reformas, de ser aprobadas, contemplarán sanciones más severas que el código vigente, especialmente en casos de delitos contra la vida, así como agresiones sexuales físicas y psicológicas contra niños y niñas, adolescentes y mujeres.

Coronel puso como ejemplo el artículo 635 que trata sobre el  procedimiento abreviado (cuando la persona acepta el delito y se negocia la pena).

La reforma contempla que las infracciones sancionadas con pena máxima de libertad de hasta 10 años son susceptibles de procedimiento abreviado.

Sin embargo, la norma no se aplicará “en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva y cuando se trate de delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. (I)