Debido a errores judiciales, como la mala elaboración de partes policiales, muchas personas han sido sentenciadas por un delito que no cometieron. Estos errores pueden derivar en demandas al Estado por haber vulnerado los derechos constitucionales.

Actualmente, hay alrededor de 60 casos de personas que han pasado presas 7 u 8 años y después fueron declaradas inocentes, confirmó el director de la Defensoría Pública Penal, Ernesto Pazmiño. “Seis de cada 10 detenidos resultan inocentes al final”, acotó.

Los perjudicados iniciarán demandas en contra del Estado a través de la Defensoría Pública, para ser indemnizados por daños y perjuicios, pero a su vez, para que el Estado remita esa indemnización en contra de los jueces que ilegalmente detuvieron a las personas.

Uno de estos casos es el de David Tibi, que desde 1995 estuvo detenido 28 meses por supuesto delito de narcotráfico, luego de unos años fue indemnizado con 393.000 euros, sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos por detención arbitraria y violación de derechos.

Pazmiño dijo que para cambiar esta situación debe haber una Policía especializada en análisis del delito y es necesario  fortalecer las unidades judiciales.      

“En Ecuador hay narcolavado, pero solo 3 casos han sido sancionado en 10 años, las cárceles están llenas de  microtraficantes, el 90% de mujeres recluidas en Quito es por tráfico de estupefacientes (mulas), los grandes narcotraficantes no caen presos, por eso necesitamos cambiar”, acotó.    

Entre enero de 2011 y abril de 2012, la Defensoría Pública atendió 16.000 audiencias de flagrancia a nivel nacional, de las cuales 9.118 casos se iniciaron instrucciones fiscales con orden de prisión.

Mientras que 3.430 libertades fueron otorgadas por insuficiencia de elementos para acusar y se dieron 3.475 medidas alternativas.

Reportes de la entidad revelan las fallas 

Según registros, la Defensoría Pública obtuvo 22.367 resoluciones en audiencias preparatorias y de juzgamiento, es decir 10.000 soluciones implicaron culpabilidad y en 7.000 se ratificó el estado de inocencia.

Las 4.700 restantes fueron resoluciones fiscales que continuaron procesos o los desestimaron. Pazmiño mencionó que el 52% de personas que salen de la cárcel son declaradas inocentes.

Acotó es el juez de flagrancia el que debe valorar la legalidad de la detención, la formulación de cargos sustentada y la necesidad de prisión preventiva.