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Unidades judiciales de Pichincha se mantienen activas

En los exteriores de la Unidad de Flagrancia se contemplan medidas de bioseguridad.
En los exteriores de la Unidad de Flagrancia se contemplan medidas de bioseguridad.
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO
29 de julio de 2020 - 10:11 - Redacción Justicia

Los sistemas informáticos son una herramienta para mantener el servicio de justicia durante la pandemia por el covid-19.

Estos son fundamentales en aquellas jurisdicciones como Pichincha, que -hasta el momento- es una de las provincias con mayor número de contagios en el país.

Según las cifras del COE Nacional, hasta el 28 de julio, se confirmaron 14.139 casos. De ese número, 12.747 se registraron en Quito, en donde se concentra el mayor número de dependencias y funcionarios judiciales.

Bajo ese panorama, Xavier Oliva Lalama, director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ), alertó al Pleno la necesidad de implementar medidas de bioseguridad para reducir los contagios, puesto que muchas actividades de los servidores se realiza en primera línea.

En Pichincha hay alrededor de 1.900 servidores entre personal judicial y administrativo. Luego de un proceso de pruebas rápidas que se sometió el personal, se diagnosticaron 71 casos de covid-19.

Solo en Quitumbe, tres gestores de archivo dieron positivo. Oliva explicó que el problema no solo se concentra en los casos de contagio, sino que además se debe poner a todo el equipo bajo aislamiento y observación. "Eso nos obliga a cerrar toda la unidad judicial, a desinfectarla y al día siguiente reemplazar con otros servidores judiciales. De ahí la necesidad de crear mecanismos de protección".

El Pleno del CJ, a través de la Resolución 078-2020, dispuso priorizar el teletrabajo en la Función Judicial a escala nacional y realizar un estudio para la sectorización de los servidores judiciales de Quito y Guayaquil.

Dicha resolución estará a cargo de las direcciones de Talento Humano, Gestión Procesal, así como del Departamento de Tecnologías de la Información, entre otras.

La Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, en razón de su autonomía administrativa, emitirán sus propias resoluciones.

El director de Pichincha detalló que a través del documento, se dispone trabajar con un aforo del 10%, mientras que el equipo jurisdiccional y administrativo operará por teletrabajo.

Oliva añadió que para ello el personal cuenta con las herramientas tecnológicas como VTR (video tape recorder), Zoom y Polycrom. "Se ha hecho un esfuerzo para que las unidades jurisdiccionales, tribunales y juzgados puedan seguir administrando el servicio de justicia. Continuamos trabajando", expresó.

Los procesos nunca se detuvieron

Otra modalidad implementada son las Oficinas de Gestión Judicial Electrónica. A través de este medio, los funcionarios pueden presentar un escrito, recibir providencias y se podrá seguir litigando y revisando los procesos.

Además, se ha establecido que las diligencias y documentos judiciales sean atendidos mediante video conferencia, pero en caso de ser despachados de forma presencial, deben cumplirse condiciones de bioseguridad.

"Esto quiere decir que los funcionarios llegan, cumplen con la audiencia y luego se van a sus casas. Es una de las directrices que hemos dado", explicó.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Judicatura de Pichincha, del 17 de marzo al 20 de julio, el 90% de las audiencias se realizaron vía telemática. Además ingresaron 11.492 escritos a través de ventanillas presenciales, mientras que a través de las ventanillas físicas, se presentaron 93.096 procesos.

"Eso quiere decir que, a pesar del recorte del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas, la Función Judicial operó casi a su capacidad", indicó Oliva. (I)

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