Ningún detenido por tráfico de influencias en la Prefectura de Guayas fue a prisión

- 04 de junio de 2020 - 09:51
Al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se le dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
Foto: Fiscalía

Los ocho ciudadanos que fueron detenidos por supuestamente estar vinculados a tráfico de influencias en la Prefectura de Guayas fueron procesados, pero se defenderán en libertad. Entre ellos, Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia.

La audiencia culminó la madrugada del miércoles 4 de junio de 2020 en la Corte Provincial de Guayas, en el centro de Guayaquil. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó que se dictara prisión en contra de los aprehendidos, pero el Juez de Garantías Penales dispuso medidas distintas: prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.

Las ocho personas fueron detenidos entre la madrugada y mañana del miércoles 3 de junio en operativo realizado por la Fuerza de Tarea en Guayaquil y Samborondón.

El operativo se ejecutó como parte de una investigación por delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Durante la audiencia, la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, presentó como principales elementos de convicción: la información extraída del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, el informe de investigaciones, entre otros.

Con ellos se determinó la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar coronavirus con presunto sobreprecio, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General del Estado.

Estos contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el Prefecto procesado. Además, varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían “fachadas”. (I)

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