En 1988, quien supuestamente fue señalado como responsable fue sobreseído del juicio en su contra

Testigos de caso ‘Cochapamba’ explican lo sucedido hace 30 años (Infografía)

- 10 de enero de 2015 - 00:00

En 1988, quien supuestamente fue señalado como responsable fue sobreseído del juicio en su contra

Un poco antes de las 15:00 de un martes, hace 30 años, se escuchó una explosión en el barrio Cochapamba (en el noroccidente de Quito). Los únicos testigos y sobrevivientes relatan ahora a EL TELÉGRAFO los detalles del suceso.

El 9 de enero de 1985 el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular (FP) convocaron a la IX huelga nacional unitaria para rechazar las medidas económicas que el gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) había adoptado como el alza del precio de la gasolina y las tarifas del transporte público. Las expresiones de rechazo movilizaron a la Policía antimotines y esas jornadas se preveían violentas, como ya era costumbre frente al nivel de represión que se ejercía en las protestas de los trabajadores.

Esa misma disconformidad se extendió a otros grupos como Alfaro Vive ¡Carajo! (AVC). Un comando alfarista planeó colocar ese mismo día, a modo de protesta, una bomba casera de baja intensidad en el subterráneo del Ministerio de Recursos Naturales, ubicado en la calle Santa Prisca (centro-norte de la ciudad). No obstante, el plan no se ejecutó porque la bomba explotó antes de llevarla a esa institución pública.

“Ese día (9 de enero, a las 15:30) dos compañeros me llamaron a la casa de mi abuela para que nos reunamos de manera urgente en el teatro Capitol”, explicó Luis Orlando Pérez Sánchez, quien constaba como arrendatario de la casa donde ocurrió el suceso.

Esos dos compañeros a los que hace alusión hablan ahora y señalan que efectivamente se había organizado esa acción y cuando se disponían a salir (antes de las 15:00), explotó esa carga en el dormitorio de la casa de Cochapamba. “Estábamos encargados de llevar a dos compañeros (que fallecieron) y cuando explotó no tuvimos otra opción que salir porque sabíamos lo que podría pasar después”, dice quien era el responsable de conducir la camioneta Datsun azul que estaba parqueada afuera de la casa.

Ellos explicaron a Pérez lo que había pasado y que al constar como arrendatario debía afrontar las consecuencias. Él cuenta que optó por esconderse en la casa de unos amigos que vivían cerca de ese teatro y allí permaneció varias semanas.

Muchos meses después, cuando Pérez Sánchez fue detenido, el juicio por este caso prosiguió y de este salió sobreseído porque no existía ninguna prueba de que estuviera involucrado en el suceso.

Las dos personas que estaban en la casa confirman: “Él no estuvo presente ni sabía lo que íbamos a hacer. Incluso, cuando lo vimos cerca del teatro Capitol, por seguridad tampoco le dijimos de qué se trataba. Era la mejor manera de protegernos y protegerlo a él, dadas las circunstancias en las que actuaba la Policía cuando detenía a los subversivos del país”, explicaron.

Supuesto plan terrorista

En el libro Terrorismo y Subversión, La verdad que no se ha dicho, de la Comisión de Defensa Jurídico Institucional de la Policía Nacional, publicado en 2010, Luis Orlando Pérez Sánchez -por ser el nombre que constaba en el contrato de arrendamiento firmado el 1 de julio de 1984- es señalado como principal responsable de la muerte de Martha Baylón y Luis Olmedo Vilatuña, a pesar de exhibir ninguna prueba y que el juicio lo absolvió de toda responsabilidad en 1988.

Este informe recoge las acciones delictivas ocurridas desde 1976 hasta 1986 que -según la Comisión- fueron encabezadas por los grupos subversivos AVC, Montoneras Patria Libre (MPL) y el Movimiento Colombiano 19 de Abril (M-19). Allí se señala a los actores, víctimas y cuál fue el accionar de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) frente al crimen organizado.

Al momento del accidente, Pérez Sánchez no se encontraba en el inmueble: “En ese tiempo trabajaba en Radio Tarqui, salía de allí a las 14:10 y después iba a la casa de mi abuela a almorzar. Esa era mi rutina y la Policía corroboró todo eso con mi familia”, señaló Pérez.

Después del estallido, Carlota Sánchez, una vecina, vio salir a un hombre y una mujere en una camioneta Datsun color azul (testimonio usado en el informe policial). Fueron ellos -según Pérez- quien le llamaron para encontrarse en el teatro Capitol, al centro norte de Quito.

Según los sobrevivientes de la explosión, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, Baylón y Olmedo se encontraban en una de las habitaciones de la casa intentando colocar la bomba casera dentro de una cartera para que no fuera identificada por la Policía, mientras ellos esperaban en la sala.

Entonces escucharon un estruendo y los vidrios de la habitación estallaron. Para cuando el humo llegó a la sala, sus amigos se encontraban sin vida al final del pasillo (ver infografía).

Se manejaba la hipótesis de que la casa era un centro de actividad subversiva e incluso el gobierno denunció la elaboración de un plan terrorista a nivel nacional. La Policía aseguró haber encontrado en la escena 32 artefactos explosivos, 17 armas de fuego e indumentaria militar, pero los testigos niegan este hecho.

Pérez accedió a arrendar a su nombre por pedido de Baylón, quien le aseguró que la vivienda sería utilizada para reuniones y capacitación política. De hecho, una semana antes de la explosión acordaron con el dueño la entrega del departamento por razones laborales de Pérez.

Políticos opositores al gobierno de Febres-Cordero criticaron que se haya utilizado el hecho para desviar la atención de la población de los problemas del país: “No es sino un cúmulo de mentiras... para desorientar a la ciudadanía”, dijo Gustavo Darquea, subdirector del partido Izquierda Democrática (ID).

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