La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional determinó el martes 7 de abril de 2020 de la creación de una subcomisión, la cual analizará la fiscalización de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en las contrataciones efectuadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En el caso particular relacionado con la emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia de covid-19.

La Comisión decidió convocar al presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda; al exdirector de la entidad, Ángel Loja; y, al Director de Comunicación, para que expliquen los referidos procesos contractuales.

De igual manera, la mesa legislativa decidió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, proponga ante la Corte Constitucional la interpretación al artículo 131 de la Constitución.

Esto, a fin de establecer si dentro de la frase “y demás autoridades” están incluidos, como sujetos pasivos de juicio político, los presidentes, miembros del directorio y gerentes de empresas públicas, por ejercer rectoría de políticas públicas, manejar fondos públicos y ser designados por el Ejecutivo.

La finalidad es que se realice el control político a los funcionarios designados por el Ejecutivo que, con denominación de secretarios, tienen rango de ministro y ejercen la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. (I)