Solo el interventor podía revocar medida a Foglocons

La revocatoria de la medida de retención de $ 57 millones que formaban parte de una investigación judicial dentro del caso Foglocons causó la apertura de un expediente administrativo al juez de Garantías Penales de Guayas, Galo R.V., quien emitió la providencia en la que se disponía la devolución de esos valores.

La Fiscalía anunció el martes que presentará los recursos legales pertinentes para revertir la resolución judicial, que ordena la devolución de los valores, retenidos en el Banco Central y que son parte de la investigación previa que se sigue por presunto lavado de activos a 16 empresas de la compañía Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons).

Según la Fiscalía General del Estado, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 la compañía Flogocons habría lavado $ 159,9 millones en el sistema financiero legal de Ecuador. Esta compañía se constituyó en el país el 17 de octubre de 2012 y en 3 meses movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcción de viviendas a Venezuela. Estas operaciones comerciales son investigadas desde junio de 2013 por la Fiscalía bajo la presunción de lavado de activos.

La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que exportó, frente al dinero que recibió por estos materiales, que además Ecuador no es productor, dispararon las alarmas de los órganos de control financiero del país. Foglocons vendió $ 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A. de Venezuela. Sin embargo, registró pagos por
$ 200.000 a sus proveedores por estos materiales.

Los materiales tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto sí llegó a Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). El Banco Central del Ecuador reportó 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013.

Estos pagos se hicieron a través del sistema Sucre desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aquí se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos, uno de ellos, el Territorial que cerró sus puertas en 2014, y con dos procesos a cuestas, peculado y lavado de activos.

Además, los millones de dólares que ingresaban de Venezuela a estas cuentas bancarias en Ecuador no permanecían en ellas más de 3 días, ya que habrían sido transferidos a paraísos fiscales en el exterior.

El caso Foglocons tiene dos procesos penales abiertos. El primero por lavado de activos contra los representantes legales y accionistas de la empresa y el segundo por prevaricato, contra cuatro jueces que anularon las investigaciones fiscales sin los suficientes argumentos legales.

Juez retiene y revoca

La investigación por el presunto lavado de activos se originó el 21 de agosto de 2015. “En este caso, la Fiscalía pidió como un acto urgente que se disponga la retención de los valores, solicitud que fue acogida el 17 de febrero de 2016 por el juez de Garantías Penales de Guayas Galo R.V.”, explicó el fiscal provincial, Paúl Ponce. Sin embargo, esa resolución quedó sin efecto luego de que el juez R.V. revocara la orden de retención de los valores con dos acciones judiciales, por pedido de los abogados que representan a Foglocons.

Una revocatoria la efectuó mediante providencia del 1 de marzo por un valor de $ 8’852.318,17 que se encuentran en bancos privados. Mientras que la segunda la oficializó en audiencia pública desarrollada el 7 de marzo, por $ 47’536.449,93, que están en el Banco Central del Ecuador.

Ponce sostuvo que por la condición en que se encuentra la empresa, al estar intervenida y en proceso de liquidación, el “único que podía presentar el recurso de revocatoria era el interventor designado por la Superintendencia de Compañías, lo cual no fue así”. Por tanto, se apelará a esta resolución. Así como se analizará la actuación del juez por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura.

“De oficio se ha iniciado un sumario para investigar la actuación de dicho funcionario judicial, que ha dispuesto una devolución de fondos. Aquí se seguirá el debido proceso y se investigará para tomar una resolución al respecto, ya que llama la atención la decisión tomada por el juez”, manifestó el martes último el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, previo a su rendición de cuentas en la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

A nivel nacional el pleno del Consejo de la Judicatura tramitó el año pasado 1.100 expedientes disciplinarios -indicó Jalkh-. El 15% de ellos terminó con sanciones para los funcionarios, pero los otros fueron desechados debido a la falta de pruebas. (I)