En el profuso y profundo proceso de reformas que vive Ecuador, una de las que más se notará en los próximos años es la del conjunto de cambios en el sistema penal y procesal penal. Eso es por el impulso de las políticas públicas generadas desde la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en los inicios de este Gobierno, y por todo el andamiaje institucional procurado con fondos estatales para que funcionen la Fiscalía y la Defensoría Pública.

Esto se da en el marco de un sistema de administración de justicia que, por primera vez en la historia, empieza a funcionar como tal, con un Consejo de la Judicatura totalmente renovado y que aplica un plan estratégico de largo alcance.

Para cerrar lo que podría ser un círculo virtuoso para la justicia social, la generación de una propuesta como el Código Orgánico Integral Penal-COIP, ahora en plena discusión legislativa, deberá adaptar las obligaciones contraídas por Ecuador como Estado parte en algunos instrumentos internacionales y lo previsto en la Constitución vigente.

La Asamblea Nacional deberá entender, además, el momento histórico respecto a las demandas de la población en asuntos como la violencia de género, la desaparición forzada y la desaparición involuntaria de personas, el feminicidio, la trata de personas, el enriquecimiento ilícito o injustificado, entre otros tipos penales que se construirán según nuestra propia realidad, como también prospectivamente respecto a las amenazas o los fenómenos delincuenciales globales de los cuales ya hay algunos indicios en el país.     

Pero no es solo un tema de desarrollar un tipo penal con su correspondiente sanción para cada acto indebido. La clave que asegurará el éxito una vez publicado el COIP será haber podido dibujar un modelo procedimental que, acompañado con una institucionalidad moderna, permita la eliminación de la impunidad, la discrecionalidad en los operadores de justicia y la acumulación de causas que significan un peso para las partes procesales, pero sobre todo una ingente inversión de recursos públicos en gastos corrientes.

Esto se complementará con un buen servicio de investigación científica del delito y de un observatorio permanente que dote de estadísticas fiables que permitan tomar correctivos a tiempo, así como generar doctrina y jurisprudencia.  

Una estructura que asegure la gobernabilidad de la gestión en materia penal requiere una visión territorializada de atención a las víctimas, no solo con medidas cautelares, sino de prevención en el aumento de las causas generadoras del delito.

Para eso, la participación de las entidades de seguridad ciudadana como auxiliares de la justicia es parte de un solo engranaje cuyo eje es el juzgador, y quien lo mueve, aquel que impulse debidamente las causas penales.