El proyecto que crea el Registro de Violadores entra en su fase final

- 12 de septiembre de 2019 - 00:00
Juan Montaña (con micrófono) presentó este miércoles cinco observaciones a nombre del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Cortesía Asamblea Nacional

La Comisión Legislativa de Justicia prevé enviar a la presidencia de la Asamblea, la próxima semana, el informe para segundo debate del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (Revas).

El siguiente paso será ponerlo en el orden del día en una de las sesiones para su debate y aprobación.

El texto aprobado será enviado al Ejecutivo para la sanción presidencial.

Según informó la asambleísta Lourdes Cuesta (Ind.), en calidad de autora del proyecto, ya se tiene un informe borrador para segundo debate y en estos días se incluirán las últimas observaciones.

Versión que fue confirmada por el legislador Elio Peña (PK), miembro de la comisión, quien agregó que existe consenso en el objetivo del cuerpo de ley.

No obstante, los dos legisladores admitieron que aún quedan por definir dos puntos: la institución que estará a cargo del registro y si la sanción a los agresores será de por vida.

Cuesta dijo que con seguridad será el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) la que tenga a su cargo el registro.

Pero quedó abierta la posibilidad de que sea el Ministerio del Interior, sostuvo el asambleísta Esteban Torres (PSC).

Respecto al tiempo para que los agresores no puedan trabajar con niños, la legisladora Kharla Chávez (Ind.) dijo que hay dos posiciones. La una que sea de por vida y la otra por un período igual a la condena impuesta.

Este miércoles Juan Montaña, delegado del Ministerio de Inclusión Económica y Social, presentó en la Comisión de Justicia cinco observaciones de forma.

Entre ellas que se cambie el nombre y que en lugar de violadores se ponga condenados por delitos sexuales y que en el proyecto se incluyan disposiciones generales.

El principal objetivo del proyecto es que quienes han cometido delitos sexuales contra menores no puedan trabajar en actividades que tengan relación directa con estos grupos sociales. (I)  

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