Contraloría remitió a la Fiscalía General un informe con indicios de responsabilidad penal y económica, por un una glosa contra Gente Oil y funcionarios involucrados en el proceso de aprobación de la licitación de la oferta. Producto de ello, están en marcha tres procesos distintos:

1.- Con Fiscalía de carácter penal, desde el 1 de agosto de 2017, que implica a 21 personas, entre ellos, funcionarios públicos, representantes legales de Gente Oil, de DygOil, subsecretarios de hidrocarburos, ministros y funcionarios de carrera del sector petrolero.

2.- Otro de carácter civil que está enfrentando Gente Oil, contra 25 personas, por el tema de una presunta glosa de $ 5,2 millones, que es una glosa solidaria.

3.- A los funcionarios públicos, por el tema de multa administrativa.

Esos procesos, según Gente Oil, son “injustos”, porque el campo Singue estuvo abandonado por 15 años y ahora, tras la licitación y adjudicación, no solo produce y genera ingresos al Estado, sino que dispone de tecnología de primer nivel; tiene 10 pozos; la mejor planta de tratamiento de agua de Latinoamérica que no tiene ningún otro campo, que costó más de $ 20 millones.

Además tiene la técnica petrolera de perforación inteligente de varias arenas y la perforación en racimo: en un espacio reducido de una plataforma perfora pozos dentro de la tierra y se cruza a otros, lo que significa que no hay que hacer una plataforma por cada pozo, resultando menos dañino para el ambiente, pero requiere más inversión.

En el proceso que indaga Fiscalía fue llamado a declarar (en Bruselas) el expresidente Rafael Correa, quien en entrevista con Ecuadorinmediato, el 15 de marzo de 2018 se refirió a su vinculación en el “caso Singue”.

Indicó que se lo relaciona con el envío de un oficio de la empresa Dygoil a la Presidencia (enero de 2011), ofertando una tarifa menor a la asignada ($ 29,3 por barril; la tarifa final fue $ 33,5”), pero que la carta no la conoció y que fue el despacho presidencial el que respondió a la misma. “Es una vulgar persecución”. (I)