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“Por lo menos en 10 casos se menciona a Édgar Vaca”

“Por lo menos en 10 casos se menciona a Édgar Vaca”
10 de febrero de 2014 - 00:00

Fidel Jaramillo, con cerca de dos años en la dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos (Dcvdh) de la Fiscalía General del Estado, espera la deportación del general retirado Édgar Vaca para de esa manera resolver la mayoría de casos denunciados en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1984 y 2008. El funcionario explica los pormenores de los 136 casos que investigan en la entidad que dirige.

¿Cuántos casos entregó la Comisión de la Verdad a la Fiscalía?

La primera comisión formada por el Presidente de la República, que trabajó cerca de tres años, entregó unas 3.000 páginas de un total de 136 casos. La Fiscalía los recibió. Por eso se creó esta dirección para la respectiva judicialización.

Estos casos ¿cómo se encuentran divididos?

Algunos, como crímenes de lesa humanidad, la mayoría pertenece al gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988), porque sucedieron en un contexto sistemático generalizado de violencia. Los demás casos no fueron en ese contexto, pero igual se enmarcan en ser violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con los estamentos internacionales.

Édgar Vaca, como exmiembro de la Policía, ¿En cuántos casos se encontraría involucrado?

Por lo menos en más de diez y, de manera directa, Édgar Vaca es mencionado. Pero hay que tomar en cuenta que él fue jefe del grupo SIC-10, y esa unidad se encuentra en más casos de ese informe. Vaca está acusado por delitos de lesa humanidad, pues fueron ejecutados bajo un contexto de violencia generalizada.

¿Cuántos se han judicializado hasta el momento?

En 2013 fueron judicializados siete, lo cual podría parecer poco de un total de 136. Y aun cuando llevemos 70 se dirá que es solo la mitad. Pero, el Estado ecuatoriano, representado por la Fiscalía, está comprometido en rescatar la verdadera historia de lo que sucedió en esa época.

¿Cuáles son los siete casos judicializados?

En ‘Lesa Humanidad’, son dos casos: ‘Luis Baca’ y ‘Susana Cajas’, caso ‘Las Dolores’, caso ‘Lema’, ‘Vicente Grijalva’, ‘Damián Peña’ en Cuenca y ‘Michael Arce’ por delito de odio.

Las judicializaciones en materia de derechos humanos tampoco son sencillas, ¿toman tiempo?...

Por supuesto, y hace años comenzaron estos procesos en Sudamérica. Ecuador fue el último país de la región que se sumó. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Colombia pues ya lo hicieron. Teníamos una importante deuda con nuestras obligaciones internacionales. Estos siete casos tienen que tomarse de lo cuantitativo y cualitativo. Es un enorme esfuerzo que ha efectuado la Fiscalía General del Estado para investigar estos casos y esclarecer los hechos.

¿Sería una manera de terminar con la impunidad...?

Sí, porque no es solo hallar a los rangos más bajos. Por ejemplo, en el caso de Susana Cajas, en la categoría de ‘Lesa Humanidad’, de los 14 imputados algunos ocupaban altos rangos como generales, coroneles, excomandantes, exministros de Defensa, es decir, fueron responsables de la política de Estado de ese tiempo, no al policía de último rango que lo obligaron a torturar, aunque no lo exime de responsabilidad. Por eso, están imputados el general retirado Édgar Vaca y Luis Piñeiro. Cuando se arremete contra la población civil es evidente que fue una política de Estado.

Si actualmente un agente del orden tortura a una persona, ya no vivimos en la misma época represiva de la década del 80 con los escuadrones, pero aquello no deja de ser un delito. Pues el policía debe defender las garantías de todos los ciudadanos y si tortura, es una grave violación a los derechos humanos.

El caso ‘Lema’ se judicializó, porque se acusa a 4 expolicías de tortura contra una persona ¿Cómo observar el proceso en este contexto?

El caso ‘Lema’ es una clara violación a los derechos humanos, con la respectiva diferenciación de lo que son crímenes de lesa humanidad. No es lo mismo, pero lo que sí guardan en común es que ambos son imprescriptibles. El Estado tiene la obligación nacional e internacional de investigarlo y quitar los obstáculos de hecho y derecho que impidan su judicialización y queden en la impunidad.

En estos 136 casos, ¿la mayoría se efectúa por abusos de agentes del orden?

Bueno, son de la Policía y algunos de las Fuerzas Armadas. Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos son generalmente cometidas por agentes del Estado que están en funciones. Por ejemplo, si un policía golpea y maltrata a alguien sin motivo o razón justificada, está violentando esos derechos, porque su obligación es proteger. Pero si un civil mata a alguien, eso es delincuencia común.

A pesar de que la década del 80 fue la más represiva, ¿Por qué surgen estos abusos de las fuerzas del orden hasta ahora?
Hay que tomar en cuenta algo, uniformados represivos no comienzan el 10 de agosto de 1984. Todo surgió en años anteriores en el sur del continente con la ideología del ‘Plan Cóndor’. No solo en Ecuador, sino en la mayoría de las naciones de la región. Y como es algo progresivo, tampoco terminó el 10 de agosto de 1988. Son rezagos que aún quedan y que suceden en muchos países, aunque sean casos aislados; y que no provengan de una política de Estado.

¿Se espera la deportación de Édgar Vaca?

Estamos a la espera. Él tiene abogados en Estados Unidos para que definan su situación migratoria. La Fiscalía ya ha entregado documentos a la Corte Nacional de Justicia y a la Cancillería. Se le aplicará la justicia con los derechos que tiene todo ciudadano, garantizándole un debido proceso.

En los documentos allanados en la policía judicial (150.000 fojas) por la Fiscalía se encuentra la evidencia del grupo SIC-10, en donde se menciona el nombre de Édgar Vaca. A pesar de que él mismo había negado, varias veces, que existía ese grupo.

¿Cómo evaluaría el trabajo en la dirección de la Comisión hasta la fecha...?

Es una tarea histórica, que es reconocida a nivel internacional como un hecho positivo de Ecuador en materia de derechos humanos. Organismos como Amnistía Internacional, incluso publicaciones de Estados Unidos, reconocen la labor que efectúa la Fiscalía General del Estado en estos casos.

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