En un proceso de investigación, entre la policía de Quito y Riobamba se logró la detención de un ciudadano que intentó vender 56 piezas que se presume serían arqueológicas y por lo tanto protegidas por el Estado.

El operativo lo realizó la Unidad Especializada en Delitos contra el Patrimonio Cultural adscrita a la Policía Judicial (PJ) de Quito quienes por varios meses dieron seguimiento al involucrado.

Al conocer que su destino era Riobamba se comunicaron con personal policial de la ciudad, quienes se mantuvieron en alerta en el terminal terrestre, al descender de uno de los buses, el hombre fue interceptado, en su mochila se halló los objetos que iban a ser entregados a un contacto local.

“El modo de operar era a través de redes sociales, publicaba las piezas y los interesados se comunicaban con él para hacer el negocio, lo retirado se lo mantiene en las bodegas de la Policía Judicial, mientras se efectúa las investigaciones” indicó Dorian Calderón jefe de la PJ.

En la página web que el hombre utilizaba para comercializar las piezas se observa los precios que colocaba a cada uno de los objetos, cantidades que van desde los $400 y en el cual argumenta que fueron halladas en una finca.

Aún se desconoce si estas piezas son originales, ya que deben ser sometidas a una prueba de fluorescencia que solo se efectúa en la Capital y las cuales determinarán si realmente son arqueológicas o son imitaciones.

Mientras tanto el involucrado fue puesto en libertad pero se encuentra en investigación “el caso no se ha cerrado, solo se espera el resultado para poder proseguir con esta situación” acotó Calderón.

Por su parte Diego Villacis director zonal del Instituto de Patrimonio Cultural (INPC), señaló que las piezas pueden proceder de una cultura de la Costa ya que son fragmentos en barro cocido.

El funcionario resaltó que esta situación no se presenta muy a menudo, de hecho desde el 2017 hasta lo que va el 2018 no existe denuncias ni decomiso de piezas arqueológicas en territorio chimboracense.

“Pero no deja de ser preocupante, no se puede poner precio a nuestra historia, ni a la cultura que nos caracteriza, por eso hacemos hincapié en las capacitaciones para que todos nos empapemos de lo importante que es este tema” acotó Villacis.

De hallarse responsabilidad en este caso, los involucrados pueden enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años, como lo indica el artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal (Coip). (I)