Gobierno analiza $ 40 millones para el sistema

- 01 de junio de 2019 - 00:00

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, renunció de manera irrevocable. Pazmiño, quien ingresó al cargo en febrero de este año, señaló que su dimisión responde a asuntos personales, además de que recibió “varios mensajes dudosos” y por ello su familia le pidió retirarse de la dirección.

El exdirector afirmó que el Gobierno analiza entregar $ 40 millones para el decreto de estado de excepción y declaratoria de emergencia institucional. De ellos, $ 8 millones se requieren para la compra de modernos equipos, entre ellos, de rayos X.

Reconoció que uno de los problemas en las penitenciarías es la pugna entre las bandas. Al interior de los centros operan “Los Choneros”  y “Los Cubanos”.

Para ello, Pazmiño enfatizó que se decidió ubicar en tratamiento especial a los presuntos líderes de las cárceles. Indicó que se trasladó a 83 personas privadas de la libertad, consideradas de alta peligrosidad, a pabellones adecuados en las regionales de Latacunga, Turi y del Litoral.

Pazmiño calificó como prioritaria la contratación de 500 guías penitenciarios. Y para ello indicó que se analizarán los perfiles de los postulantes, del banco de elegibles de la Policía, que no ingresaron a la entidad, para que sean agentes de seguridad penitenciaria. Adelantó que será prioridad fortalecer las pruebas psicológicas y éticas para los aspirantes. “La selección debe ser muy rigurosa para evitar que se produzcan los actos de soborno en las cárceles”, dijo.

Pazmiño afirmó que este año fallecieron 15 reos al interior de los centros de rehabilitación.

El exdirector comentó que las Fuerzas Armadas no cumplieron con la disposición de custodiar la seguridad en los primeros filtros, pero -reconoció-, los militares no contaban con las seguridades. Aseguró que quedan listos los términos de referencia y los procesos de contratación pública para adquirir la tecnología que permita controlar la seguridad en los ingresos a las cárceles. (I)

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