Patricio Carrillo: “Las fronteras y la costa nos preocupan”

- 22 de enero de 2020 - 00:00
Patricio Carrillo Rosero. Comandante General de la Policía Nacional.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

Cree que es fundamental tener una estructura de Policía Antimotines más fortalecida; así como una ley de Inteligencia que combata delitos complejos.

El comandante General de la Policía Nacional, Hernán Patricio Carrillo Rosero, está convencido de que la planificación y la capacitación son la clave para tener una entidad que combata la inseguridad y el crimen organizado.

El lunes 13 de enero de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, posesionó a Carrillo Rosero en el cargo, cuyo período será de dos años.

En diálogo con Diario EL TELÉGRAFO el Comandante de Policía explicó cómo abordará sus objetivos y metas.  

¿Cuál fue el escenario de la Policía al momento de asumir el cargo de comandante?
Heredo una Policía profesional, democrática, respetuosa de los derechos humanos. Esperamos ser lo suficientemente prospectivos para cumplir con las misiones que a futuro se le encarguen a la institución.

¿En qué se enfocará para fortalecer la operatividad de la Policía Nacional?  
Primero tenemos que combatir la inseguridad ciudadana y potenciar las estructuras que están al servicio de los ciudadanos. Es decir, una Policía disuasiva y comunitaria, cercana a los barrios para que mantenga el orden.

Segundo, potenciar el eje de Inteligencia. A través de los datos estudiaremos el fenómeno de cada incidente como mercados o economías ilegales.

Tercero, ser más eficientes en la respuesta a emergencias. Una Policía Judicial coordinada con la Fiscalía para llegar a la administración de justicia con las pruebas suficientes, de tal manera que el infractor reciba una sanción.

¿Cómo implementará el modelo de gestión contra la inseguridad, la delincuencia, el tráfico de drogas...?
Nuestro modelo de gestión es flexible y está en ejecución desde 2011, pero tiene un plan de mejoramiento continuo sobre la base de experiencias que tenemos. Porque cuando se estudian los delitos se estudia una base de datos que identifica tiempo y espacios donde hay cambios bruscos.

Sobre esa base, ¿en qué zonas del país se va a ejecutar su accionar?
Las fronteras y la costa del Pacífico nos preocupan mucho. En ciudades de Guayaquil (Guayas), Machala (El Oro), y Portoviejo (Manabí) ha crecido la violencia. Entregamos infraestructura y personal donde más se necesita.

¿Desde su campo de acción tiene previsto presentar propuestas en la Asamblea?
Vamos a golpear las puertas de la Asamblea para proponer reformas en la Ley de Inteligencia que permitan combatir delitos complejos y tener capacidades especiales contra el crimen organizado.  Haremos acercamientos en las comisiones encargadas en  leyes, como la Ley para la Extinción de Dominio.   

La ministra de Gobierno planteó en la Asamblea que la Policía vuelva al control en las carreteras...
Creemos necesario que la Asamblea devuelva a la Policía el control del tránsito en las carreteras, porque por esos medios fluyen grandes volúmenes de mercados ilegales de alta rentabilidad como droga, minería ilegal, contrabando de personas.

¿Eso representa más trabajo?
El control en las carreteras no es únicamente para beneficio nuestro. Es más responsabilidad porque estas debilidades son las que se miran como espacios de aprovechamiento de grupos delictivos.    

En 2019 lideró un operativo contra la minería ilegal en Imbabura. ¿Qué estrategia hay para mantener el control?
Tenemos el cuadro de mando integral donde está una base de datos desde 2008 que permite analizar cómo están las tendencias del delito y de violencia para caracterizar un perfil de territorio y de los actores, ya sean las víctimas o los delincuentes.

De ese perfil hacemos una conceptualización y de eso sacamos insumos de política pública para dar a los rectores de cada sector. En el caso de minería ilegal, al Ministerio de Minería; en temas de seguridad al Ministerio de Gobierno, que es el rector de las políticas de seguridad. Y, en ese sentido, nuestra estrategia, se redirecciona y se va complementando.

También estuvo al frente de los operativos de orden público durante el paro de octubre en 2019. ¿Cuál fue la principal lección que le dejó ese hecho?  
Debemos estar cada vez mejor informados y preparados para alteraciones del orden público. Es fundamental tener una estructura de Policía Antimotines más fortalecida para combatir hechos en donde  actúan personas interesadas no solamente en caotizar las ciudades, sino también en desestabilizar ordenamientos constitucionales.

¿Qué plantea para evitar que se repitan desmanes como ese?
Estamos coordinando todas las capacidades del Estado como las Fuerzas Armadas, los municipios, con actores de la sociedad civil e incluso con grupos empresariales para crear una red que evite ponernos en condiciones de vulnerabilidad.

Una de cada seis armas incautadas proviene de Guayaquil. ¿Qué se hará para erradicar esta situación?
Tenemos una política de control de armas para evitar armar a la población. Ese es un mecanismo importante. Para nosotros, el control de armas será fundamental y un hito dentro de la gestión.

El general Víctor Aráus, comandante de la Zona 8, tiene la consigna, la disposición de fortalecer con todos los actores el retiro de armas en las calles y prevenir actos violentos asociados a estos elementos.

Usted plantea la creación de un centro de especialización contra el crimen organizado. ¿De qué se trata este objetivo?
Nosotros formamos a oficiales de Policía con pregrado en la Escuela Superior de Policía, pero en convenio con unas universidades. Lo que queremos es crear un Centro de Formación de Oficiales Profesionales.

El alto mando se reunió con la fiscal Diana Salazar. ¿Qué obtuvo de esa reunión?  
Fue un saludo institucional. La Fiscalía es nuestra  principal alianza para combatir la delincuencia. La Fiscalía es la que dirige la política criminal y mal haríamos si no tuviéramos buenas relaciones. (I)

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