A más de las víctimas de un delito y de los testigos inmersos en un proceso penal, el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía también  protege a los fiscales, jueces, defensores públicos, peritos y a cualquier otra persona que por su participación en un juicio se vea afectada en su integridad, tanto física como psicológica.

Recientemente el aislamiento de un adolescente que merodeaba por las viviendas de las calles Washington y Chambers, cerca del domicilio del fiscal Nelson Vela, al sureste de Guayaquil, puso en alerta a las autoridades por un supuesto atentado en  contra  del funcionario, que presta sus servicios en la Unidad de Intervención Inmediata.

Sin embargo, indagaciones posteriores determinaron que se trató de un caso aislado, que no tiene que ver con sus funciones como fiscal. Aún así, Byron Castro, coordinador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos en Guayas, informó que por disposición del fiscal provincial, Paúl Ponce, la unidad realiza un análisis de amenaza y riesgo para fijar posibles niveles de peligro y establecer  medidas de protección.

En ese sentido, Castro indicó que en Guayas actualmente hay 6 fiscales de diferentes unidades especializadas  que se benefician con el amparo a su integridad, ante intimidaciones y amenazas.

El programa acogió hasta hace poco a un juez de garantías penales, acotó Castro, pero se lo retiró gradualmente del mismo una vez que se determinó la ausencia de riesgo y tras concluir el período de protección, que es de 2 años.

Al referirse a ese tema, Ponce citó  el crimen del fiscal de Jipijapa (Manabí), Ramón Loor Pincay,  registrado el pasado 7 de junio, como ejemplo de que continuamente se evidencian los riesgos que el trabajo de los agentes fiscales trae consigo. “Los fiscales estamos conscientes de que nos enfrentamos a ese tipo de riesgo y es preocupante el nuevo escenario en el que se vaya a desarrollar el trabajo de los funcionarios, ya que estamos ante delincuentes que han actuado con toda saña en hechos como el suscitado en Jipijapa”, señaló.

DATOS

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía Judicial es la que elabora el  informe sobre la amenaza y el riesgo, para determinar el nivel del peligro al cual están expuestas las personas que solicitan la protección inminente.

El nivel de riesgo puede ser bajo, medio o alto. Tras determinar las circunstancias se toman las medidas necesarias para precautelar la integridad física y psicológica de quienes  ingresan al esquema.

El programa no interviene de oficio sino por solicitud del fiscal que investiga el caso. Cuando se trata de fiscales o jueces, quien solicita el resguardo es el fiscal provincial.
Ante aquello, Ponce informó que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, ha anunciado el fortalecimiento del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, precisamente porque no solo son los fiscales los que  corren riesgos, sino también los operadores de justicia, que en un determinado momento pueden verse amenazados, tanto en su integridad física como en su entorno personal y familiar.

Castro anunció que uno de los principales requerimientos, al menos en Guayas, y que ya se lo ha hecho a la Comandancia General de Policía, es el aumento de miembros policiales, pues la falta de personal es una desventaja para el normal desarrollo del programa. “Es una carencia a escala nacional la falta de elementos policiales para este tipo de procedimientos, sin embargo, con el personal que se tiene se trata de trabajar de la mejor forma. Es por eso que no todas las denuncias que llegan a la Fiscalía ingresan al programa, sino solo los casos que muestren una peligrosidad o amenaza de forma evidente de que puede ser afectada la integridad física y psicológica de la persona que está inmersa en el proceso penal”.

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos trabaja sobre la base de una matriz de amenaza y riesgo, donde establecen las medidas de protección, de acuerdo con el porcentaje de peligro, explicó Castro.

El programa califica 3 escalas: nivel bajo, de 1% a 33% de riesgos; nivel medio, de 34% a 66%, y nivel alto, de 67% en adelante; este último consiste en medidas de protección permanente con acompañamiento policial las 24 horas, las 12 horas o durante la jornada laboral.

Los 6 fiscales incluidos en el programa están en nivel de riesgo medio, que comprende medidas de protección como auditorías de seguridad con los policías más cercanos al domicilio y al lugar de trabajo, y acompañamiento eventual a las actividades, según las necesidades del funcionario, quien hace conocer con anterioridad a los agentes cuando tiene algún caso complejo.

“De las más de 2 mil denuncias semanales es imposible acceder a todas, es por eso que normalmente ingresan quienes superan un 50% de riesgos; eso no significa que el resto de personas quedan desprotegidas, puesto que, constitucionalmente, la institución creada para la protección del ciudadano común es la Policía”.