Policía y FF.AA. ejecutan desmantelamiento de la minería ilegal en Buenos Aires

- 02 de julio de 2019 - 17:35
Plantas de procesamiento usadas en labores de minería ilegal en zona de Buenos Aires (Imbabura)
Foto: Cortesía

Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas comenzaron con el desmantelamiento paulatino de la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Los uniformados tomaron posesión de los territorios en donde más de 12 mil personas entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos se dedican a esta ilícita actividad.

Por su parte, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) accederá a la zona de Buenos Aires de la parroquia La Merced del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde el Ejecutivo decretó el estado de estado de excepción  por las actividades de minería ilegal.

Alrededor de 1.200 militares y 1.200 policías, acompañados de 40 fiscales, intervinieron en el sitio donde se levantaron campamentos mineros algunos de ellos de manera precaria e irregular. 

A las 16:00 los operativos continuaban. El coronel José Vargas, vocero de la Policía, explicó que hubo un reconocimiento del lugar semanas antes con trabajos de inteligencia. 

Hasta el momento en los sectores de La FeriaLa Visera y la conocida como "Ciudad de Plástico" no se registran novedades de importancia.

Plantas de procesamiento usadas en labores de minería ilegal en zona de Buenos Aires (Imbabura)

Dijo que la Policía y FF.AA. durante 60 días que dura el estado de excepción permanecerán en el lugar, pero que "de ser necesario se solicitará que este escenario sea ampliado".

Según la información oficial, desde finales de 2017 se han detectado extracciones ilegales de material minero, específicamente, en el sector El Lomón de la comunidad El Triunfo, en la parroquia Buenos Aires.

El operativo inició a las 04:30 de este martes 2 de julio. Pero los controles en las vías de acceso a la parroquia son estrictos desde la noche de ayer. Los policías montaron el primer filtro en la Y de Salinas, donde no permitían el ingreso de ningún vehículo sin autorización.

El segundo puesto de control se colocó 90 kilómetros más al oeste en San Jerónimo. Este es un pequeño centro poblado que está ubicado a la entrada a la carretera que va a Buenos Aires. En este puesto, policías y soldados revisaban minuciosamente cada vehículo que circulaba.

Los policías, integrantes de las unidades élite y de otros servicios, pertenecen a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Pichincha e Imbabura. En un principio ellos estarán 72 horas en la zona. 

Esta mañana en rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que la parroquia La Merced tiene 1.800 habitantes, sin embargo hasta la zona han llegado personas que se dedican a la minería ilegal en las áreas de montaña que no está dentro de la parroquia sino a horas de distancia.

La funcionaria indicó que todavía no han determinado la cantidad de ciudadanos dedicados a esta actividad ilegal. "En esa zona podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales, no solamente a la minería ilegal, sino también a otro tipo de ilícitos que se vinculan con este negocio".

Romo manifestó que la amenaza de la minería ilegal es multidimensional, "en este momento hay distintos puntos de conflictividad que se conocen como la 'ciudad de plástico', la mina vieja y la mina nueva, además hay un nuevo lugar en donde se ha abierto otra boca de explotación de minera y que empieza a convocar nuevos asentamientos".

A las 10:00, ya instalado el COE provincial, Romo informó que la Policía ya se encontraba en los asentamientos conocidos como La Feria, La Visera y la conocida como "Ciudad de Plástico". A las personas allí asentadas se les ha pedido que salgan del lugar.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que las Fuerzas Armadas están apoyando el operativo. Puntualizó que existe en el sitio delincuencia organizada y probablemente haya exmiembros de la guerrilla de Colombia, "pero aquí no hay ni guerrilla ni grupos armados organizados, pero se han identificado personas con armas de grueso calibre".

Las autoridades indicaron que desde el 2018 y lo que va del 2019 se han desarticulado 92 grupos delictivos y detenidas 859 personas dedicados esos actividades ilícitas.

Además, la Policía ha decomisado 3.474 toneladas de material minero y 350 vehículos en 325 operaciones realizadas. "Es muy importante recalcar que en ningún momento la zona ha estado abandonada", aseguró Romo.

De acuerdo a un boletín oficial, las labores de inteligencia de la Policía Nacional han permitido determinar al menos 11 delitos paralelos a la minería ilegal: homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible. (I)

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