Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se pronuncie a favor de la reparación efectiva a la familia de la joven Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó en 2002 tras ser víctima de abuso sexual por un directivo de un colegio de Guayaquil.

En una rueda de prensa realizada este 10 de abril de 2019 en Guayaquil, Lita Martínez del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y Carmen Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, se pronunciaron sobre el proceso que se tramita en la CorteIDH.

Las representantes de las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) expusieron que se prevé que entre 22 y 24 meses habrá una decisión de la CorteIDH en este caso.

El proceso, indicaron, incluye una audiencia pública en los próximos 12 meses para conocer los alegatos entre las partes: la familia de Paola, la CIDH y el Estado ecuatoriano.

La representante de Cepam indicó que Paola fue víctima de violencia sexual, sufrió discriminación de género. “El Estado ecuatoriano no garantizó sus derechos a la vida, la salud, la integridad y la seguridad”.

Recordó que el caso de Paola Guzmán fue sometido a la CorteIDH por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abordó el caso luego de que la justicia ecuatoriana no impartió las sanciones correspondientes, según los deudos.

“Es la primera vez que la CorteIDH tendrá que resolver un caso de violencia sexual en un contexto educativo. La decisión deberá ser cumplida por el Estado ecuatoriano y los estándares que allí se establezcan deberán ser cumplidos por todos los países en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, recalcó Lita Martínez.

El proceso

En febrero de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) inició el proceso en contra del Estado ecuatoriano por el caso de Paola.

Paola Guzmán tenía 12 años cuando ingresó al colegio fiscal, situado en el centro de Guayaquil. En 2001, empezó la ruta del suicidio para Paola.

Ella había cumplido 14 años y tenía problemas en dos materias; entonces el vicerrector del plantel, Bolívar Espín Zurita, de 65 años, se ofreció a ayudarla a cambio de que saliera con él.

Desde octubre de 2002 empezó a abusar sexualmente de la menor hasta que ella quedó embarazada. Espín Zurita, entonces, le dijo que abortara con la ayuda del médico del plantel.

El 12 de diciembre de 2002, en una crisis de depresión, Paola ingirió una alta cantidad de fósforo blanco con el propósito de suicidarse y luego de ello se fue a su colegio.

Ella les contó a sus amigas lo que había hecho y la trasladaron a la enfermería del plantel, pero este departamento no aseguró el cuidado médico necesario ni avisó a un familiar.

Las compañeras de Paola llamaron a su madre. Cuando llegó al colegio ella la halló tendida en una camilla. La adolescente le pidió perdón por tomar esa fatal decisión.

Petita llevó de inmediato a su hija a un hospital, donde falleció como consecuencia de una intoxicación.

La familia de Paola denunció inmediatamente los hechos ante las autoridades competentes, sin embargo, ninguno de los mecanismos que usó fue efectivo.

En cuanto al proceso penal, las actuaciones del aparato estatal fueron insuficientes, ya que hubo deficiencias en el análisis y en el manejo de la evidencia recolectada. (I)