Militares revisan incluso a policías que entran a cárcel

- 07 de junio de 2019 - 00:00
Afuera de la cárcel Regional, los militares instalaron una carpa donde revisan a las personas civiles y uniformadas.
Foto: Karly Torres / EL TELÉGRAFO

Desde el 30 de mayo, en la Penitenciaría del Litoral las visitas están suspendidas para hombres y mujeres. Los abogados tampoco pueden ingresar a las diligencias.

Unas hojas blancas con las palabras “visitas suspendidas” penden de las rejas que marcan el camino por donde cada día se forman los familiares de los presos de la Penitenciaría del Litoral.

Desde hace nueve días no  hay las “estampidas” para ingresar, no hay gente negociando sus puestos, ni comerciantes de alimentos y bebidas apostados en la polvorosa vereda del recinto carcelario.

La mañana del 30 de mayo fue la última vez que se permitieron visitas, pero se anularon luego de la reyerta que dejó seis muertos dentro del penal.

Ayer había un grupo de 12 mujeres preocupadas porque no sabían nada de sus parientes presos.

“No nos dejan verlos y no sabemos hasta cuándo. Solo en esos carteles vemos que no hay visitas, en las puertas nos dicen que debemos esperar”, dijo una de las féminas que -al igual que las demás- no quiso identificarse.

Los militares controlan a todos
Afuera de la “Peni”, desde el 2 de junio, hay miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes además acomodaron un centro de mando en un parqueadero que no era usado.

El teniente Guillermo Ortega explicó que los militares están en el filtro número uno de las cárceles, es decir el primer acceso peatonal y vehicular. En los siguientes filtros están los agentes de la Policía Nacional.

Ellos custodian el ingreso a ese recinto penitenciario (de lado del ingreso femenino y masculino) y también en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas N° 8.

En esta última han adaptado unas carpas verdes con divisiones para el ingreso de hombres y mujeres. Ahí controlan no solo a los visitantes, abogados y funcionarios sino a los mismos guías y policías.

Los agentes verifican que la persona tenga cédula y revisan el cuerpo con las manos y con un detector de metales manual.

Paúl Enríquez, jefe del distrito penitenciario, manifestó que los operativos se realizan con mayor frecuencia (pasando un día) para sacar los objetos prohibidos.

“Se ha recabado dinero (cerca de $ 1.000), celulares, armas cortopunzantes y otras evidencias. Las unidades de inteligencia de Policía investigan cómo ingresan los objetos porque el control en los filtros es permanente y con equipos tecnológicos”, dijo.

Agregó que desde antes del crimen de los seis privados de libertad ya se realizaban traslados de las personas que generaban conflictos, aproximadamente 250 individuos.

El abogado Gonzalo Merizalde llegó a la Penitenciaría para que le tomaran una ampliación de versión a un interno que defiende. “Era una diligencia importantísima, pero de aquí nadie entra ni nadie sale. Nos dicen que esto se normalizará el próximo lunes”. (I)

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