El pleno del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) resolvió destituir  de sus funciones a  la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez Campuzano, confirmó ayer la propia funcionaria.

La notificación de la resolución fue depositada en el casillero judicial que Jiménez tiene señalado en Quito y hasta el mediodía de ayer, la funcionaria no recibía en su despacho en Guayaquil ningún oficio relacionado por escrito, por lo que se mantuvo en sus funciones  y aseguró que no dejará el cargo hasta ser oficialmente comunicada y subrogada por el Dr. Zoilo López Rebolledo, quien en la  tarde asumió el despacho.

A las 09:25 de ayer, la judicial, a pesar de conocer de la resolución del CJT, acudió a su lugar de trabajo, ubicado en el quinto piso del Palacio de Justicia, en el que recibió   muestras de solidaridad de parte de varios jueces, servidores judiciales y de Lenín Pilalot, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Guayas.

Jiménez informó que el  motivo de su destitución es por una supuesta  conducta inadecuada y maltrato a los jueces inferiores,   con respecto a sus declaraciones sobre que hay  “jueces golondrinas”, relacionadas en ese entonces a la sentencia dictada por el juez temporal  Juan Paredes, dentro del  juicio contra diario El Universo, que emprendió el Primer Mandatario por injurias calumniosas.

Contra Jiménez, el CJT abrió un sumario administrativo, luego de que un  comerciante de Quito  presentara una queja al sentirse conmocionado porque esas declaraciones provenían  de una funcionaria judicial.

Jiménez, con más de 25 años en la Función Judicial y quien debía permanecer en su cargo de presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas hasta el próximo 13 de enero, anunció que presentará una acción de protección o una demanda contencioso administrativo, con el objetivo de impugnar la resolución.

Sin embargo, Pilalot señaló que los derechos legales y constitucionales quedan expeditos y que, indudablemente, al haber una supuesta sanción de carácter ilegal, o que vulnera los derechos constitucionales,  está latente esa acción de pedir ante el mismo organismo, la reconsideración de la sanción o de agotar las vías o los recursos legales encaminados a  reparar los derechos  que han sido afectados.

“A primera vista, sin un análisis   profundo de la resolución, lo mínimo que podemos encontrar es que existe una desproporcionalidad.  Se habla de que la sanción obedece a  las declaraciones y la posición de la presidenta de la Corte, por lo que creemos que hay una desproporción en la aplicación de la sanción y que lo mínimo que debe hacerse en este caso es ponderar adecuadamente lo que corresponde”, manifestó.

Los jueces Luis Santana Benavides, Marco Torres Alvarado y Reynaldo Cevallos se hicieron presentes en el despacho de la Corte y coincidieron en manifestar que esa situación causa  incertidumbre en la Función Judicial,  más todavía si los funcionarios están a las puertas de un proceso de evaluación que  iniciará, el próximo sábado, con las pruebas psicológicas, en la que se aspira que los servidores  den lo mejor de su capacidad en un ambiente de tranquilidad.

Jiménez aclaró que la destitución es solo de la Presidencia de la Corte y no de la magistratura que tiene en la Segunda Sala de lo Penal del Guayas, por lo que una vez que se ejecute la resolución del CJT  tiene previsto regresar a esa judicatura, que ocupaba tras ganar un concurso de oposición y méritos.

María de Lourdes Jurado, miembro del Segundo Tribunal de Garantías Penales del Guayas; y Carlos Ayala Flores, juez Undécimo de la Niñez y Adolescencia, también fueron notificados de la remoción de sus cargos, al mismo tiempo que se  hizo con Jiménez.

Según Pilalot, la participación de los judiciales dentro de las medidas cautelares dictadas en el caso por  injurias calumniosas contra diario El Universo  serían las causas de sus respectivas destituciones.

Para hablar sobre la ejecución de esta resolución, este medio intentó insistentemente comunicarse con Fernando Yávar, integrante del CJT,   quien, según informaron en la Dirección del Consejo de la Judicatura en Guayas, es el único encargado en dar declaraciones, pero hasta el cierre de esta edición  no contestó su teléfono celular.