Las muestras recopiladas por los peritos en el “búnker”, investigado por la Fiscalía General del Estado, desde la mañana del pasado miércoles en el sector Sacha Central, provincia de Orellana, serán analizadas en los laboratorios de Amazonía Viva, de Petroamazonas, instalados a unos 300 metros del sector.

Así lo explicó Francisco Aguayo, superintendente de Amazonía Viva, luego de las respectivas tomas de agua y suelo. Además, dijo que el proceso se desarrollará en el Centro de Investigaciones de Tecnologías Ambientales. “Tenemos un laboratorio muy bien implementado, así podremos conocer el mayor potencial en materiales contaminados, una vez que hayan sido seleccionados”, indicó.

El “búnker” se encontraba lleno de maleza, lodo y gran cantidad de vegetación, en un terreno de 2.000 metros cuadrados, con 4 infraestructuras (chimeneas o ductos) para el posible desfogue de gases.

Personal de Amazonía Viva, de Petroamazonas, efectuaron previamente el desbroce de la maleza en varias partes y retiraron la capa delgada de tierra que estaba sobre la geomembrana (láminas delgadas de material impermeable), con la que habría sido cubierto el búnker.

De la misma manera, peritos de la Policía Judicial recogieron las muestras para los estudios.

Bormman Peñaherrera, fiscal que investiga el caso, observó que el terreno junto con la bóveda no contaba con las seguridades respectivas. El funcionario indicó que las recomendaciones internacionales exigen que la vegetación no debe tener raíces profundas y esta prácticamente penetraba la geomembrana (capa) en el suelo, generando un grave riesgo por los elementos contaminantes.

Peñaherrera esperará el resultado de los análisis, pues de esa manera se determinará si las sustancias almacenadas no se podían remediar o solo las colocaron en el lugar.

“Frente a estos dos escenarios, la Fiscalía determinará a los responsables, ya sea por acción u omisión, de un posible delito ambiental”, indicó. De esos resultados se decidirá si se abre definitivamente el “búnker” o se lo cierra.

De acuerdo con estas exigencias internacionales, las plantas del lugar deberían ser locales o adaptadas, resistentes a las condiciones climáticas.

Daniel Hidalgo, asesor técnico ambiental de la Fiscalía, señaló que el “búnker”pudo ser construido entre 1996 y 1997.

Indicó que previamente se efectuó un monitoreo del ambiente, gases y radiactividad, con muestras de suelo y agua, con el fin de minimizar los riesgos y la salud pública.

Para el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien dirigió la diligencia, el estudio de las muestras es un trabajo interinstitucional con Petroamazonas, pues se aprovechará un laboratorio dotado de infraestructura técnica de primera calidad con el que cuenta la entidad.

También, se harán estudios de suelos y aguas de acuerdo con los parámetros de normativas ambientales ecuatorianas, y así confirmar o descartar hipótesis sobre si el tratamiento de estos residuos se sujetaron a parámetros internacionales. “Tenemos casi un año para investigar este caso y determinar presuntas responsabilidades”, indicó el funcionario.

La diligencia contó con la autorización del juez (e) de Garantías Penales y Tránsito de Sacha, Francisco Revelo Ojeda.

En julio de 2013, la Fiscalía inició una indagación por presunta contaminación ambiental del río Daule en su trayecto por los cantones Balzar y Daule, provincia del Guayas, por supuestamente presentar en el agua niveles de contaminación.

Los delitos ambientales se encuentran tipificados en el artículo 437, literal B del Código Penal vigente, el cual refiere: “que afectar al medio ambiente, con residuos de cualquier naturaleza, será reprimido con prisión de uno a tres años”.