La Fiscalía General incorpora 23 agentes para Pichincha

24 de abril de 2013 - 00:00

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, posesionó a 23 nuevos agentes fiscales en  Pichincha, de los cuales 9 eran funcionarios de la Fiscalía, mientras los otros 14 corresponden al banco de elegibles.

Con eso, Chiriboga dijo que espera disminuir el número de audiencias fallidas en toda la provincia, especialmente en Quito. Además, nombró 2 fiscales en Chimborazo, 4 en Cotopaxi y en el transcurso de la presente  semana, anunció, espera nombrar 7 más. Bajo la modalidad de asignación de funciones, luego de haber convocado a concurso en mayo pasado, hasta junio se incorporarán a nivel nacional 73 fiscales más.

Las personas que asumieron las vacantes de agentes fiscales fueron seleccionadas de la base de datos de los participantes del concurso. “Tienen muchos méritos y aportarán con sus conocimientos para el desarrollo institucional”, manifestó Chiriboga.

En el evento estuvieron presentes Miguel Jurado, fiscal provincial de Pichincha; Patricio Vásconez, director de Talento Humano de la Fiscalía, entre otros funcionarios. El 25 de noviembre de 2012 la Fiscalía abrió a escala nacional un concurso para 191 cargos, entre los cuales se cuentan 73 vacantes para agentes fiscales.

Chiriboga también resaltó el trabajo de los fiscales, enfocado a la desarticulación de bandas delincuenciales, así como también la creación de la Unidad de Delitos Flagrantes,  la cual, dijo, ha dado resultados con el despacho de las causas en menos de 24 horas.  

El funcionario manifestó que dentro de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos se creó un equipo de trabajo que, en conjunto con la Policía Judicial (PJ), se encarga de las investigaciones de desaparecidos.

Esa unidad, conformada por 15 funcionarios de la Fiscalía más un equipo de la PJ,   permanece en constante contacto con familiares de desaparecidos para obtener la mayor información posible y concretar una respuesta en torno a los casos.

Además, anunció que se creará un protocolo que prohíba cremar los cadáveres de las personas asesinadas hasta que las investigaciones fiscales concluyan, para lo cual se reunirá con el Consejo Directivo de la PJ para emitir una resolución. “Mientras no concluya la investigación por la muerte de una persona, los familiares no podrán cremar los cadáveres”, dijo el fiscal.

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