Expresidente Rafael C. no podrá ser juzgado al estar fuera del país

- 07 de noviembre de 2018 - 22:15
La resolución se conoció tras la diligencia que se desarrolló este martes.
Foto: Archivo

El exprimer mandatario fue llamado a juicio por el secuestro de Fernando Balda. La resolución fue anunciada por la jueza Daniella Camacho, quien además ratificó la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de cuentas y fondos en Ecuador.

A un año y medio de haber culminado su mandato, la situación legal del expresidente de la República Rafael C. se complica. Este 7 de noviembre la jueza nacional Daniella Camacho resolvió llamarlo a juicio, ratificó su prisión preventiva y dispuso la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de sus cuentas y fondos en el Ecuador.

Las medidas rigen también para el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo R. y los exagentes de policía Diana F. y Raúl Ch., todos acusados de presuntamente haber cometido el delito de plagio en el caso del secuestro al político Fernando Balda ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá-Colombia.

En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio desarrollada este miércoles 7 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la jueza se tomó alrededor de tres horas para dar a conocer su resolución.

Pese a que la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de asociación ilícita y plagio, la jueza no dio paso a la acusación por el primer delito mencionado debido a que, según dijo, no se cumplían los elementos del tipo penal.

La fiscal general subrogante Ruth Palacios adelantó en la misma audiencia que apelará esa decisión.

El fallo de Camacho fue sustentado en los 28 elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra el expresidente, según los cuales la tesis fiscal es de que el secuestro se dio por orden directa del entonces mandatario hacia su secretario de inteligencia, Pablo R.

Además, en este delito se habrían usado recursos públicos de la Senain, por lo que Fiscalía advirtió que el delito de peculado podría ser motivo de una nueva acusación y acción legal.

Pero la resolución de la jueza de que los cuatro procesados en el caso pasen a la etapa de juicio no se podrá ejecutar debido a que para el expresidente Rafael C. y para Pablo R. el proceso se suspende, ya que no se los puede juzgar en ausencia.

Al momento el exmandatario se encuentra en Bélgica, mientras que el extitular de la Senain en España. Sin embargo, el juicio se reactivaría cuando sean detenidos para lo cual está en trámite el proceso de alerta roja internacional a través de la Interpol.

“La resolución judicial tiene que cumplirse”, dijo el jurista Ramiro Román al admitir que al ser un delito que prescribe hasta en siete años, luego de ese tiempo Rafael C. y Pablo R. podrán estar liberados de culpa.

Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente, rechazó el fallo de la jueza Camacho aunque aseguró que no les causa sorpresa porque responde a presiones políticas. “No se hace mención a los elementos de descargo que hizo la defensa”, dijo

De su lado Fernando Balda aseguró que con la resolución se ha hecho justicia. “Al fin las mafias no tuvieron injerencias en una decisión judicial”, manifestó.

Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., sostuvo que la resolución de la jueza no fue motivada y que hay indefensión.

A la sala de audiencias de la CNJ este miércoles 7 de noviembre se dieron cita la fiscal general (s) Ruth Palacios; el acusador particular, Fernando Balda, y sus abogados, los defensores de los procesados, así como seguidores y excolaboradores del gobierno anterior.

Un grupo de simpatizantes del anterior Gobierno se concentró en los exteriores de la CNJ, en donde permanecieron con pancartas, carteles y gritando consignas a favor del exmandatario.

Los manifestantes lanzaron palos y otros objetos a los abogados acusadores al ingreso y a la salida de la dependencia. (I)

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Elementos de convicción primaron en la decisión

Para el penalista y catedrático universitario Francisco Pesántez, en la resolución de la jueza Daniella Camacho primaron los elementos de convicción (evidencias) que presentó en su momento la Fiscalía.

Además dijo que el “proceso penal colombiano estableció que el secuestro existió, que fue contratado un carro y pagado con dineros de fondos del Ecuador, y que los autores intelectuales del hecho estuvieron en Bogotá y son policías del Ecuador”.

Pero lo más fuerte considera que son los testimonios rendidos por los exagentes de policía y principales acusados, Raúl Ch. y Diana F., quienes afirman que el expresidente sabía todo.

Tras afirmar que los ecuatorianos lo único que esperan es que se haga justicia, Pesántez precisó que los procesados tienen el derecho a defenderse y “decidir si se presentan a la cárcel, se fugan o se quedan en el exterior”.

En el caso del expresidente Rafael C. el jurista cree que “puede volver mañana mismo si así lo deseara, pero ha dicho que aquí no hay garantías, que es víctima de una persecución política. Creo que no va a regresar”.

Recordó que hay una difusión roja de la Interpol, lo que significa que en cualquiera de los 192 países en que rige “pudieran cogerlo preso y traerlo para acá”. (I)

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