Judicatura analizó la conducta de cerca de 500 servidores judiciales

- 05 de septiembre de 2019 - 00:00
La ministra María Paula Romo cuestionó el accionar de jueces y fiscales que dejan en libertad a personas que son detenidas por la Policía.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

“Nuestra función es disciplinar a los jueces y lo estamos cumpliendo”. Con esas palabras, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), respondió la queja de María Paula Romo, ministra de Gobierno, sobre la actuación de jueces y fiscales.

El cuestionamiento de la Ministra se conoció en un acto sobre la “Lucha del Gobierno Nacional contra la Impunidad”, que se llevó a cabo en Quito.

En ese espacio, la Secretaria de Estado manifestó que algunos jueces dificultan la lucha contra el crimen e incluso hay magistrados que procesan a policías.

En presencia del presidente Lenín Moreno, la funcionaria hizo un recuento de algunos casos en que los fiscales y jueces favorecieron a personas detenidas.

Uno de ellos fue el de la “ambulancia fantasma”, que en enero de este año 2019 ingresó a la Penitenciaría del Litoral con armas. Por ese hecho fueron detenidas 31 personas, de las cuales 21 eran miembros de la Policía. La fiscal se abstuvo de acusarlos.

Maldonado informó que en su gestión fueron destituidos 19 jueces, con los que se suman 47 servidores judiciales, entre jueces, fiscales y defensores públicos. Así suman cerca de 500 los servidores y abogados de libre ejercicio cuya conducta fue analizada por el CJ.

Sobre el cuestionamiento de Romo, la presidenta aseguró que el organismo está atendiendo las denuncias. “Hemos avanzado ya con las quejas de la ministra de Gobierno y de la Fiscal General. La lucha contra la corrupción necesita una acción conjunta”, expresó.

Juan José Morillo, vocal del CJ, añadió otros casos en los que el organismo ha actuado. Se refirió, por ejemplo, a la detención del juez Aurelio Quito, quien habría recibido un soborno en Puyo (Pastaza). El juez negó la acción de protección a favor del Río Piatúa, declarando que no hay vulneración de los derechos de la naturaleza.

Morillo advirtió que se valorarán las pruebas en el ámbito penal y administrativo disciplinario que tienen que ver con el CJ y se tomará procedimiento. (I)

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