Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) explicaron que el reglamento de cobro de tasas por servicios administrativos de diligencias y actuaciones de la Función Judicial, expedido por la institución a inicios de este mes,  solo rige para servicios opcionales que sean requeridos por las partes procesales en materias no penales, con excepción de los temas de familia y laboral.

En rueda de prensa, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, indicó que en un 75 % de casos no se pagará estos servicios administrativos pues, de toda la carga judicial del país, 45 % corresponde a materia penal, 25 % a familia y 5 % a laboral.

Además, sostuvo que las tasas administrativas no son una barrera de acceso al sistema de justicia y son opcionales para las partes procesales.

Citó como ejemplo que los costos de las videoconferencias se aplicarán de manera opcional, para aquellas personas que decidan no asistir físicamente a una diligencia, al tiempo que recordó que para las personas privadas de libertad (PPL) esta alternativa es gratuita.

En el tema de la inspección judicial, Jalkh explicó que el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) señala que quien solicita esta diligencia tiene la opción de grabarla con sus propios medios o contratar a quien lo haga. El CJ también podrá proporcionar este servicio con el pago de la tasa respectiva, ya que se trata de una diligencia no requerida por el juez.

El vocal Néstor Arbito, recalcó que la gratuidad del servicio de justicia en el país está garantizada constitucionalmente y el CJ es respetuoso de este derecho. "Nadie paga tasas judiciales por presentar una demanda, por contestar la misma, por comparecer a una audiencia, por dictar sentencia o por apelarla, si esto ocurre deben denunciarlo", apuntó. (I)