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Los fieles abandonan la Iglesia Oasis de Esperanza

Por seguridad, miembros de la Policía Nacional dan rondas por los exteriores de la iglesia Oasis de Esperanza.
Por seguridad, miembros de la Policía Nacional dan rondas por los exteriores de la iglesia Oasis de Esperanza.
Foto: Carina Acosta | et
18 de julio de 2019 - 19:03 - Redacción Justicia

Excesos y presiones en el cobro del diezmo son testimonios que se repiten en quienes asistían a la Iglesia Cristiana Oasis de Esperanza, en la Biloxi (sur de Quito).

A ese culto religioso llegó Juliana Campoverde, con su madre y hermano menor, cuando solo tenía 10 años.

Ocho años fue parte del grupo de jóvenes, liderado por Jonathan C., hallado culpable por la desaparición de la joven el 7 de julio de 2012.  Quienes la conocieron la recuerdan como una chica apegada a la “palabra del Dios que profesaban en esa iglesia”. Y, con eso Jonathan C. se ganó su confianza.  

La familia de este hombre, ahora de 39 años, administraba el lugar, según testimonios de quienes acudieron. Todos tenían funciones claras. Por ejemplo, su padre Patricio C. era el pastor principal y lideraba los cultos (miércoles y domingo).

Según la abogada Beatriz Rodríguez, en las versiones del caso, hubo quienes denunciaron presuntos acosos también de esta persona. Su esposa Edith se encargaba de jefas de hogar. Mientras que sus 4 hijos: Jonathan con Jóvenes, Mishell los acompañaba, Alexander e Israel tocaban el bajo y guitarra.

La obligación del diezmo  
Juliana amaba la música. Su sueño era ser cantante. Su pastor Jonathan C. le propuso ser la voz principal del coro. Pero, cuando la joven, que desapareció a los 18 años, no pagaba el diezmo o no presentaba a sus enamorados la castigaban con semanas de no cantar, recordó su madre. Incluso, según su padre Absalón Campoverde, tenía que pedir permiso a estas personas para salir de viaje.

El diezmo (10% del sueldo) se pagaba semanal o mensual por persona, adicional a la ofrenda. Para ingresar, según Cristina, otra persona que acudió a los cultos, le preguntaban sobre sus bienes, cuántos carros tenía, en qué trabajaba, si tenía negocio propio o si era empleado privado o público.

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, recordó que cuando no cancelaban la llamaba o iba personalmente Patricio C. al local de productos naturistas, que tanto ella como Juliana tenían, y culpaba de las ventas bajas al hecho de no “diezmar”. Ese criterio lo comparten Juana y Cristina. Esta última contó, por ejemplo, que cuando una vez se enfermó culparon de sus dolencias al no pago.

Una casa amurallada en vitrales 
La Iglesia Oasis de Esperanza funciona al final de la calle K, en la Biloxi (sur de Quito). Es una estructura de dos pisos con vidrios polarizados. Dos cámaras de seguridad vigilan a quienes se acercan. La puerta es de hierro sólido, no hay timbre, y con una pequeña rendija para receptar la correspondencia. 

María tiene una tienda. No conoce al pastor, pero sí el caso. “Son unos depravados”, reprocha. Según la mujer, la iglesia aún abre las puertas. Lo hacen en la noche, pero “ya no hay gente”.  

Miguel, en cambio, tiene un taller cerca. Asegura que hasta el 30 de octubre de 2018, antes del allanamiento por parte de la Fiscalía, las personas llegaban masivamente. Incluso unos días antes hubo un bautizo. Sin embargo, “ahora solo se miran dos o tres carros, antes eran filas”, dijo.

En la fachada de esa iglesia se lee: “Decreto Ejecutivo N° 3553. Registro Oficial N° 853”.  Sin embargo, según Johanna Pullas, directora de Cultos del Ministerio de Justicia, el trámite para obtener la personalidad jurídica se declaró insubsistente el 15 de julio de 2014, “al no cumplirse los preceptos de la Ley de Cultos con respecto a la probidad del director espiritual Jonathan C.”. Israel, el tercer hijo de Patricio C., figuró como el presidente provisional de la iglesia.

El Cuerpo de Pastores de Quito expulsó a Patricio C. y Jonathan C. Según el pastor Alfredo, “en el proceso mismo ya se envió una carta”. Esta entidad envió un comunicado en el cual se solidarizan con la familia de Juliana. Respaldan el trabajo de la Policía Judicial y la Fiscalía. (I)

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