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La nave tiene limitaciones para operar en altura y con peso

La nave tiene limitaciones para operar en altura y con peso
Foto; Cortesía
31 de mayo de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

Las especificaciones técnicas señalan que la altitud máxima del helicóptero adquirido por el Cuerpo de Bomberos de Quito es de 15.000 pies (4.572 m) y su peso máximo certificado para despegue y aterrizaje es de 6.283 libras (2.850 Kg). Su peso vacío es de 4.395 libras (1.993,62 Kg).

Según técnicos consultados, si se resta el peso máximo que tiene la aeronave y el peso vacío, tiene una capacidad de carga real de 1.887,83 libras (856,38 Kg).

A esto se debe restar el peso del combustible, del agua que se carga en la canasta para combate de incendios (Bambi Bucket), de la grúa de rescate y los accesorios colocados en el año y tres meses de operaciones.

La capacidad de la canasta para combatir flagelos es 120 galones, pero según las especificaciones solo podría llevar 50 galones.

Durante este lapso de operación, en el helicóptero se ha invertido más de $ 440.000 en repuestos, herramientas y accesorios.

De allí que en Italia y Alemania, en donde operó la aeronave, solo realizó misiones de traslado de personas, no en el combate de incendios o en rescates, pues el modelo de la nave lo limitaba.

A ello se suman los costos de operación y mantenimiento que en 2017 superaron la cifra de $ 1’000.000, sin contar el hangar que funciona en la Estación 21 del Parque Bicentenario, donde se hicieron adecuaciones e infraestructura para que pueda operar.

Además, los motores con que cuenta actualmente el helicóptero proceden de otro de similares características que no está operativo y que se encuentra en dicho hangar (foto). (I)

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En la adquisición de la nave por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito habría sobreprecio; conflicto de intereses; incumplimientos técnicos; falta de garantías; estudio de mercado desactualizado. Un proveedor de EE.UU. vendió a precio internacional un aparato que estaba en Ecuador; números de motor que no coinciden; e inobservancia de la Ley de Contratación Pública. Así lo señala Contraloría, Sercop y documentos a los que accedió este diario.

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