En los 35 centros de rehabilitación social que funcionan en 19 provincias del país permanecen actualmente 19.440 ciudadanos entre ecuatorianos y extranjeros  privados de la libertad, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A este grupo se suman quienes están en los Centros de Detención Provisional (CDP) y Casas de Confianza (internos en fase de prelibertad). Con ellos, el total de reclusos llega a los 21.218, y de estos el 91,72% es de sexo masculino, de los cuales el 9,7% corresponde a extranjeros que en su mayoría purgan condenas por tráfico de estupefacientes.

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Tomando en consideración que la población carcelaria creció en los últimos 6 años: en 2007 era de 18 mil y ahora supera los 21 mil, Juan Hidalgo Huerta, ex director de la Penitenciaría del Litoral, donde están recluidas más del 30% de las personas privadas de la libertad del país, señala que aún se evidencia el fenómeno de hacinamiento y que al aumentar la cantidad de presos, pero no de los recursos que debe destinarse para cuidarlos, los problemas de seguridad tienden a incrementarse.  

Según el académico Fernando Carrión, el costo de la violencia es muy alto y una  buena política económica del país tiene que ver con la seguridad. Según estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina pierde anualmente el 14.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa alrededor de 168 mil millones de dólares, esto, producto de la violencia que existe en los países y el tipo de políticas implementadas. Carrión manifiesta que a estas alturas responsabilizar de la precaria situación carcelaria del país a otros gobiernos no resolverá nada.   

Según el experto, el aumento de la población carcelaria dificulta también el control por parte de los guías, los policías y demás instituciones relacionadas con el área. El analista explica que esto se produce debido a las reformas jurídicas que se han implementado.   

Basado en estudios de diferentes países, Carrión considera que el Ecuador debe  plantear otro tipo de penas y sanciones para temas como las infracciones de tránsito, siempre y cuando éstas no involucren la pérdida de vida de las personas.

Estas penas alternativas podrían consistir en el pago de más impuestos, trabajo comunitario, así como la utilización de tecnología, por ejemplo aquellos brazaletes con los que se puede rastrear a los infractores de la ley.

Otra propuesta es la implementación, como en otros países, de un sistema semicarcelario en espacios abiertos. Además de plantear los problemas administrativos que se presentan en cada centro de rehabilitación que alberga a personas privadas de la libertad (ppl) por diversas causas.                 

El estudioso explica que las medidas planteadas en temas de seguridad no han sido suficientes de acuerdo con la realidad del Ecuador, en donde existen alrededor de 45 centros de detención, muchos de los cuales, señala, son viviendas particulares alquiladas, como es el caso de Esmeraldas y Carchi, por lo que asegura se debe rearmar el sistema carcelario en su totalidad.

Hidalgo señala que se pueden tener las mejores cárceles del mundo, pero si se las abarrota, y si no se cuenta con el personal adecuado y la tecnología, los problemas de seguridad van a aumentar, incluyendo la fuga de presos como sucedió en el pabellón de “La Roca”. “No concibo que en una cárcel de máxima seguridad no haya cámaras de vigilancia, donde el guía prácticamente al ojo debe inspeccionar y darse cuenta de lo que está pasando entre los reos”, manifiesta.

Para Ricardo Camacho, experto en seguridad, debe haber parámetros de seguridad y de Derechos Humanos a la par para lograr una correcta rehabilitación.
Sin embargo, indica que no todas las ppl son susceptibles de rehabilitación, pues muchos detenidos no pueden vivir fuera del crimen organizado y buscarán cualquier manera de seguir delinquiendo, ya sea fuera o dentro de las cárceles.

Para Camacho, el problema de los guías penitenciarios radica en falencias al hacer el reclutamiento de hombres y mujeres, por ello sugiere que debe revisarse  sus perfiles, edades, pénsum de estudios y hacerles exámenes psicológicos.

Concuerda con otros especialistas en señalar que si bien la idea de profesionalizar la carrera de guías penitenciarios es buena, se necesita de personas con perfiles psicológicos especiales bajo análisis, pues de lo contrario, estarán más expuestas a ser víctimas de la presión que infringen los grupos organizados tanto en el plano económico como en el intimidatorio y por ello cita el ejemplo del Comandante de Policía de Esmeraldas que hace unos meses fue sentenciado por tener nexos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

La explicación de esto radica en que las bandas bien organizadas tienen un fuerte poder de captación de personas que bajo infiltraciones en diferentes áreas les brindan recursos necesarios para seguir delinquiendo.     

La capacitación idónea debe contemplar que se trata de criminales con los que se necesita tener las seguridades estrictas del caso, sin violentar los derechos humanos y  sin olvidar que el tránsito de los reos hacia las cárceles debe estar acompañado de un completo sistema de cambio institucional, tecnología y procesos de unidades de inteligencia constantes.

El experto concluye agregando que el “crimen es global y los efectos son locales. Los líderes de bandas criminales nunca dejarán de serlo, y como se ha visto en países como México, Brasil, Venezuela y Colombia, ellos operan con más seguridad desde las cárceles”.