Desde el 30 de agosto pasado ninguna persona procesada por algún tipo de delito ha recibido como medida cautelar el uso del dispositivo electrónico o grillete.

Esto porque desde esa fecha los jueces están impedidos de aplicar la alternativa legal, por una disposición del Consejo de la Judicatura de Transición (CJ-T).

El Ministerio de Justicia fue el que pidió al Consejo de la Judicatura comunicar sobre la abstención de ordenar la colocación de los grilletes, debido a la necesidad de migrar (cambiar) de proveedor del servicios.

También argumentó que el contrato de los dispositivos se encuentra bajo un proceso de examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, desde mayo de 2018.

A pocos días de que se cumplan cinco meses de la orden, sigue vigente y no se puede establecer fecha para levantar la disposición, dijo el director general del CJ-T Juan Vizueta.

Aseguró que todo depende del Ministerio de Justicia, porque es el que generó el contrato de implementación de los grilletes y debe resolver los problemas técnicos de los equipos.

Vizueta recordó que quienes ya usaban los dispositivos hasta antes de agosto, seguirán haciéndolo.
En el Ministerio de Justicia aún no se ha tomado ninguna decisión y están a la espera de que se concrete el proceso de desaparición de esta cartera de Estado y de transferencia de competencias a nuevas instancias.

Existe preocupación

La vocal del CJ-T, Angélica Porras, admitió que la suspensión le preocupa, porque se corre el riesgo de que ante la imposibilidad de ordenar el uso de grillete, algunos jueces opten por disponer la prisión preventiva para los procesados y con ello crezca la población carcelaria.

“Es necesario ponerle un límite a esa suspensión porque se trata de una medida sustitutiva, eso quiere decir que pondríamos en peligro el mandato constitucional, que ordena que la prisión preventiva sea una medida de última instancia”, insistió.

Eduardo, uno de los jueces de lo penal de Pichincha, quien pidió mantener su apellido en reserva, admitió que a raíz de que se suspendiera el uso del grillete aumentó la prisión preventiva.

Sin embargo, datos del Ministerio de Justicia revelan que en agosto, cuando se suspendieron los dispositivos, 14.020 personas estaban recluidas en las cárceles del país, mientras que en septiembre, cuando ya no se usaban los grilletes, eran 14.074 y en octubre bajó a 13.798.

Actualmente, de los 4.000 grilletes adquiridos, alrededor de 2.900 han sido colocados a personas procesadas.

¿A quién se aplicaba el grillete?

Estos dispositivos se colocaban a personas que no tenían condenas en firme, a los presos que obtenían la prelibertad tras cumplir el 60% de la pena o a quienes tenían arresto domiciliario.

Además, se entregaba a las víctimas de violencia intrafamiliar, para que sus agresores no se acercaran. Cuando eso ocurría, el aparato lanzaba una alerta y policías verificaban la emergencia.

El Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal establece seis medidas para que un procesado no se fugue, entre ellas: impedir la salida del país, presentarse ante una autoridad y la detención, que son las más viables para reemplazar al grillete. 

El campo legal

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4 mil dispositivos y la plataforma informática fueron adquiridos por $ 13,7 millones a la empresa Ceiec.
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La Contraloría General determinó que se hizo la compra sin contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados. Estima un perjuicio al Estado por $ 9’598.719. (I)