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Exfuncionario de Contraloría es procesado por presunto acceso ilícito a correos

Los agentes, durante la inspección en el inmueble del procesado en Portoviejo.
Los agentes, durante la inspección en el inmueble del procesado en Portoviejo.
Foto: Fiscalía
14 de junio de 2018 - 17:38 - Redacción Quito

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General lideró un operativo con el que se detuvo a un exfuncionario de la Contraloría General del Estado. 

El ahora procesado habría utilizado sin autorización las claves de acceso a los correos personales de altos funcionarios públicos para acceder a información reservada.

Agentes allanaron este jueves 14 de junio el domicilio de Raynero C., donde se encontró una computadora con el logo de la Contraloría y un arma de fuego, la cual pertenecería a su madre.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial de Portoviejo (Manabí), el fiscal César Suárez presentó como elementos de convicción la versión del director nacional de tecnología de la Contraloría, quien detectó el reseteo de las claves de acceso a los correos electrónicos de varios funcionarios públicos.

Raynero C. no habría respetado el acuerdo de confidencialidad firmado con la Contraloría, cuya máxima autoridad también fue afectada con este acto ilícito, el cual fue denunciado en su debido momento.

Según la Fiscalía, la pericia informática forense realizada al correo electrónico de Raynero C., mostraría que esta infracción se habría cometido desde su cuenta de correo electrónico. Además, en las versiones rendidas por las personas afectadas se constata que nunca estuvieron al tanto de este hecho.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. No obstante, el juez dispuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de ausentarse del país.

De comprobarse la participación de Raynero C., en el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, enfrentaría una pena privativa de libertad de hasta cinco años. La instrucción fiscal en este caso durará 90 días. (I)

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