La Fiscalía busca recuperar su imagen y confianza ciudadana

La falta de agilidad en el trámite de las denuncias, la vinculación de los exfiscales Carlos Baca y Galo Chiriboga con el anterior gobierno y los pocos resultados en el combate a la corrupción, le afectaron.
02 de mayo 00:00

Bajo el modelo francés, en 1945 fue creado oficialmente en el Ecuador el Ministerio Público, como órgano de control, dependiente del Poder Judicial.

Con el paso del tiempo su estructura orgánica, funcional, presupuestaria y su visión han cambiado y desde 1998 se consolidó como eje fundamental del sistema procesal penal.

Pero fue en 2008, con la Constitución de Montecristi, que cambia de nombre a Fiscalía General del Estado (FGE) y se introducen modificaciones al organismo (ver infografía).

En los 74 años de vida institucional (sea como Ministerio Público o como Fiscalía General del Estado) ha tenido 27 titulares.

Cuatro fiscales en un año
El año 2018 fue uno de los peores en la historia de la institución, debido a la inestabilidad registrada.

En un mismo año tuvo cuatro fiscales generales. De ellos, Carlos Baca,  fue censurado y destituido por la Asamblea; Gen Rhea, lo sustituyó en calidad de subrogante, pero duró cinco días en el cargo.

A este le reemplazó, por encargo, Paúl Pérez, quien renunció  a los seis meses 12  días, y el 16 de noviembre del mencionado año dejó la posta a Ruth Palacios, la cual estuvo también como encargada hasta el 8 de abril de 2019, cuando entregó la titularidad a Diana Salazar.

La inestabilidad se produjo en circunstancias en que la Fiscalía lleva a cabo investigaciones por casos de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Esto preocupó a juristas y denunciantes. Uno de ellos es César Montúfar, quien tiene presentada una denuncia contra el exmandatario y ocho exfuncionarios por presunta delincuencia organizada en el caso Odebrecht.

“Esos procesos van, de una u otra manera, a paralizarse en este momento en que es importante avanzar en la lucha contra la corrupción”, dijo en esos días.

Casos de corrupción pendientes
La Fiscalía tiene ingresadas unas 10.000 denuncias de corrupción entre el año 2018 y lo que va de 2019. 

De estas, el actual gobierno ha presentado aproximadamente 500 contra la administración de Correa.

A esto se suman los 320 informes con indicios de responsabilidad penal que ha enviado la Contraloría General del Estado y que involucran a funcionarios del anterior régimen.

Al concluir funciones, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, reveló que la FGE había registrado al menos 160 denuncias de casos denominados emblemáticos sobre temas de corrupción.

Entre ellos, los casos Yachay, Telconet, Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, IESS, Petrochina,  Petrotailandia, Odebrecht, Singue, Posorja, Petroecuador, deuda externa, etc.

Entre los denunciados están el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exfuncionarios Fernando Alvarado, José Serrano, Alexis Mera, Walter Solís, entre otros.

En la lista también aparecen los exfiscales Carlos Baca y Galo Chiriboga.

Por falta de investigadores, la mayoría de casos permanece en indagación previa, es decir, bajo reserva.

La exfiscal general (e), Ruth Palacios, justificó en su momento la demora en el inicio de los procesos de investigación aduciendo la “alta demanda de casos por parte de la ciudadanía”.

Además, por la tarea técnica de verificación de requisitos para que las denuncias puedan ser procesadas y, fundamentalmente, por la falta de fiscales.

Bajo promedio regional

Según datos oficiales de la FGE, a la fecha cuentan con un promedio de cinco fiscales por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio regional es de ocho.

Un agente fiscal que pidió mantener su nombre en reserva dijo que es imposible evacuar la cantidad de casos represados con el actual personal, por lo que pide la incorporación inmediata de más fiscales.

“No hay capacidad humana ni física en este momento”, sostuvo, al señalar que las autoridades judiciales y políticas están conscientes de esta situación.

En declaraciones a la prensa, la fiscal general posesionada el 8 de abril para un período de seis años, Diana Salazar, indicó que iniciará un proceso de auditoría de los casos para conocer el estado y definir lo que hay que hacer en cada uno.

Pidió paciencia a la ciudadanía, “porque yo sé que ha pasado mucho tiempo sin tener respuesta, pero estas van a ser dadas a los ciudadanos, al país, a los medios de comunicación de manera absolutamente responsable”.

La reestructuración institucional

Como estrategia para la efectividad, Salazar dijo que trabajará en una reestructuración institucional, empezando por el recurso humano y de una manera creativa.

El jurista en libre ejercicio, Fernando Sotalín, considera que más que una reestructuración se debe realizar una depuración interna en la Fiscalía, ya que se ha comprobado que hubo injerencia del poder político en los fiscales.

De ahí que hay denuncias archivadas, paralizadas y personajes intocables, especialmente exaltos funcionarios de gobierno, que pese a ser denunciados siguen tranquilos porque no se da paso a las indagaciones respectivas. 

“Tenemos que empezar a transparentar las actividades que desarrollan los funcionarios públicos desde la Fiscalía”, dijo Salazar, al anunciar que para esto iniciará un proceso de evaluación de los funcionarios.

Admitió que la imagen de la FGE está afectada, por lo que “hay que levantar el nombre de la Fiscalía. Que la ciudadanía sepa y tenga la confianza de que cuenta con una entidad seria, responsable, que trabaja en beneficio de las víctimas y que lucha en contra del crimen. Ese es mi objetivo principal y mi reto también”, sentenció.

A 24 días de haber asumido funciones, la nueva Fiscal ha recabado toda la información y se esperan sus acciones, para cumplir su ofrecimiento de imparcialidad y objetividad.

El penalista Nicolás Salas sostiene que el reto asumido por la nueva Fiscal “es muy fuerte”, porque al ser la persona más importante del país en materia penal, tiene que dar respuesta a la serie de denuncias presentadas.

Además, porque está obligada a realizar una reorganización de la Fiscalía, la cual se ha desinstitucionalizado por la gestión e imagen que han dejado los fiscales generales anteriores. (I)