El Gobierno Nacional analiza la situación de los ciudadanos que viven en la franja fronteriza. Incluso, algunos están desplazándose debido a los últimos ataques armados perpetrados por grupos residuales desde el lado colombiano.

La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, dispuso a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en colaboración con los comités de operaciones de emergencia de los gobiernos autónomos descentralizados, para que se asista y apoye en el recibimiento de esa población.

Esa fue una de las conclusiones de la reunión intersectorial de varias instituciones del Estado, entre ellas la Vicepresidencia, Ministerio de Justicia, Fiscalía, ministerios del Interior y de Defensa, Defensoría del Pueblo, Fuerzas Armadas, Policía, entre otros.

El evento se desarrolló en las instalaciones del ECU 911 de Esmeraldas, donde se analizó el estado de excepción tras los ataques armados en San Lorenzo y Eloy Alfaro.

César Navas, titular del Ministerio del Interior, manifestó que se analizará el traslado de la población de San Lorenzo a otras zonas seguras. Aclaró que se dará soporte a toda la población que se quiere desplazar. "La presencia del Estado en frontera es permanente", apuntó.

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña se solidarizó con los familiares de los marinos que fallecieron en los últimos ataques. "Aquellos que pretenden quitarnos la paz, principalmente de Esmeraldas, pierden su tiempo. Ecuador es un territorio de paz", aclaró.

Destacó la articulación institucional para precautelar la seguridad en frontera y para el impulso de la reactivación económica.

Adelantó que empezará la construcción de las viviendas dentro de la misión Casa Para Todos para las familias afectadas. Además, que en mayo, en San Lorenzo y Eloy Alfaro, por medio del financiamiento a los municipios, se empezará a ejecutar la dotación integral del servicio de agua potable.

También aclaró que en los próximos días se firmará el Decreto Ejecutivo para incluir a Esmeraldas dentro del Plan de Reconstrucción. Esto, por los sismos que afectaron a esa provincia y Manabí.

Cabe destacar que existe fuertes controles de seguridad en la provincia, sobre todo con presencia de militares y policías en las calles. (I)