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Nexo de empresa Sumil con offshore, a análisis

Nexo de empresa Sumil con offshore, a análisis
Foto: Archivo / El Telégrafo
20 de noviembre de 2018 - 00:00 - Redacción Justicia

La Comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investigó la muerte del general Jorge Gabela, pidió, en el informe final,  analizar la relación de la empresa Sumil C.A. con compañías vinculadas a paraísos fiscales.

A esta compañía, el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, adjudicó el 5 de agosto de 2008 el contrato para la entrega de siete helicópteros Dhruv, de ellos, cuatro se cayeron. El contrato fue por $ 45’200.000.

En la Superintendencia de Compañías, en el árbol accionario de esta empresa que fue la representante de HAL en Ecuador, aparece un copropietario no identificado con un monto de $ 100.000, además de Silvio Heller con un capital de $ 9’900.000.

El pasado 12 de noviembre, César Litardo, presidente de la Comisión Legislativa que analizó el caso, señaló que presuntamente la empresa Sumil C.A. tuvo una vinculación con empresas offshore de los Panamá Papers.

Casi 20 empresas offshore

Litardo argumentó que en un reportaje de la International Consortium of Investigate Journalist (ICIJ), el abogado Javier Molina Bonilla supuestamente gestionaba sociedades offshore, siendo asesor de la Agencia de Inteligencia de Ecuador.

Según Litardo, Molina Bonilla señaló en el informe de ICIJ que aparecía como accionista y oficial en casi 20 sociedades offshore debido a su papel como socio fundador de Mossack Fonseca & Co. (Quito ), de 2007 a 2011.

Los documentos de ICIJ en 2006 revelaron cómo desde este último gabinete panameño se crearon infinidad de sociedades offshore para personalidades de todo el mundo, en algunos casos para evadir impuestos.

Litardo explicó que en 2007, Molina Bonilla y otros tres socios llegaron a un acuerdo con Mossack Fonseca para representar al buffete panameño en Ecuador y de esta manera, la empresa en Quito habría sido constituida en el archipiélago de Seychelles en el Océano Índico, con la supuesta intención de vender sociedades offshore a clientes ecuatorianos.

En 2011 se trasladó al Corporate Consulting Group Inc., otro bufete de abogados en Anguila (territorio británico del Caribe), pero esta quedó inactiva en 2014.

Lazos de Sumil y paraíso fiscal

Según Litardo, la relación de la empresa que compró los Dhruv nace con Sumil International LLC, que era parte del grupo panameño de empresas de papel.

El legislador argumentó varios reportajes de prensa, en uno de ellos en donde se afirma que Silvio Heller (accionista de Sumil C.A) supuestamente compró una empresa offshore a Mossak Fonseca a fines de 2009, a la que puso como Sumil Internacional, que es una de las compañías que apareció en el informe de la ICIJ.

La información de ICIJ vincula a Sumil International con otras empresas de papel como Dexford Corp, Keeville Holdings y Consulting & Tax. Sin embargo, Molina Bonilla señaló a EL TELÉGRAFO que no tiene ninguna relación con este tema. Incluso dijo que su nombre no aparece entre los responsables en el informe del caso Gabela.

“La misma Patricia Ochoa, viuda de Gabela, pidió que me saquen del informe, lo que fue apoyado por los asambleístas Jeannine Cruz y César Rohón”.  El abogado señaló que Sumil sí fue comprada por la empresa Consulting & Tax en Quito a Mossack Fonseca.

Recordó que en esta empresa panameña hubo cuatro socios, “todos comprábamos, todos vendíamos y sí consulta la empresa Consulting & Tax se vuelve cliente frecuente de Fonseca en 2010”. Afirmó que el grupo Heller tiene más de ocho empresas en paraísos fiscales.

Molina agregó que en 2010 fue a Guayaquil a abrir las oficinas de Mossak Fonseca, “yo no fui quien consolidó ni inició la relación con Consulting & Tax”, reiteró y dijo que “nunca conocí a los señores Heller ni Consulting & Tax”.

La asambleísta Jeannine Cruz dijo que este caso debe analizar la Fiscalía, así como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y recordó que adicional a la compra de las aeronaves Dhruv en ese año se destinaron  $ 13 millones para adjudicación además de $ 1.000 millones para armamento “y esto pone en tela de duda la contratación de las Fuerzas Armadas, en donde la máxima autoridad de esta institución era el expresidente Rafael Correa”.

El pleno de la Asamblea conocerá este martes 20 de noviembre el informe de la comisión que investigó el caso Gabela, donde se vincula al expresidente Correa y a 68 personas más. (I)

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