Elizabeth Rodríguez exige una reunión con el Ministerio de Gobierno por la búsqueda de Juliana

En diciembre la defensa legal presentó un oficio para solicitar una reunión técnica.
09 de enero de 2021 09:18

Aunque la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró inadmisible el recurso de casación presentado por el pastor Jonathan Carrillo, sentenciado por secuestro y muerte de Juliana Campoverde, la batalla por localizar a la joven todavía es larga.

Ese conflicto es el que mantiene Elizabeth Rodríguez, su madre, quien desea ver que se cumpla el dictamen.

El 17 de noviembre de 2020, los jueces Dilza Muñoz (e), Iván León (e) e Iván Saquicela ordenaron, bajo el principio de celeridad procesal, que la sentencia sea devuelta a la primera instancia para la ejecución del fallo.

Luego de casi dos meses de espera, la sentencia se ejecutorió, informó Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso.

La jurista confirmó que la CNJ ya sentó la razón de ejecutoría. Es decir, que el caso se devolvió al Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa en primera instancia.

Chiriboga añadió que la familia de Carrillo presentó una orden extraordinaria de protección, por lo que el proceso en general pasará a la Corte Constitucional (CC), pero eso no interrumpe el proceso.

"Son intentos desesperados para bajarse la sentencia, pero ninguno de estos afecta la ejecutoría, así que la sentencia sigue en pie", dijo. Esto quiere decir que nadie puede presentar un escrito o recurso y se debe aplicar lo que determinó el Tribunal.

Rodríguez reconoció que el fallo de los jueces confirmó que había las pruebas suficientes sobre la responsabilidad del representante de la iglesia evangélica.
La madre de la joven, desaparecida en 2012 en manos del pastor de la Iglesia Oasis, explicó que con ese documento podrá realizar las diligencias necesarias para el cumplimiento de la sentencia, que entre otras cosas orden continuar con la búsqueda indefinida del cuerpo de Juliana.

Todo esto, tendrá que realizarse en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

Para ello, la Cartera de Estado tendrá que disponer las unidades respectivas y habilitar un programa de recompensas, así como la difusión para obtener información verdadera y comprobable sobre el paradero de los restos de Juliana. "Esto se mantendrá vigente hasta cumplir con la entrega de los restos de la joven", señala el escrito.

Esa es una de las preocupaciones más grandes de la familia de Juliana. La madre indicó que no hay respuesta del Ministerio de Gobierno. Aseguró que en diciembre pasado, entregó un oficio para solicitar una reunión técnica con la cual se conozca de qué forma se retomará la búsqueda de los restos.

"Queremos que nos digan cómo serán los protocolos y que ahí haya expertos en localización de cuerpos. Porque no vamos a permitir que nos den una retroexcavadora para buscar a mi hija", expresó la madre.

La sentencia también contempló que como garantía de no repetición se inicie la investigación de la Iglesia evangélica “Oasis de Esperanza” (donde laboró el pastor) o de cualquiera que sea su nombre en la actualidad y el cierre de esta institución en el caso de no estar legalmente establecida.

Rodríguez reconoció que ahora la prioridad es que se retome la búsqueda de su hija, pero advirtió que en la reunión también desean plantear qué se ha hecho sobre la sanción a la Iglesia Evangélica.

Chiriboga señaló que ahora con el ejecutoríe de la sentencia se va a insistir en una respuesta y, de ser necesario, van a enviar otro oficio para solicitar una reunión técnica.

"El Ministerio está obligado a hacerlo, solo estamos esperando una respuesta. Como no tenemos una, vamos a seguir ingresando escritos", aseguró.
Diario EL TELÉGRAFO solicitó a través del Departamento de Comunicación la versión del Ministerio de Gobierno para confirmar sobre el arribo del oficio y si habrá una reunión a la familia de Juliana. 

La Cartera de Gobierno confirmó sobre el arribo de la carta que ingresó el 14 de diciembre de 2020, a las 13:45. Informó además que, con fecha del 29 de diciembre de 2020, desde la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, se envió una respuesta a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. (I)