-
08:00 Un año de covid en Ecuador: ¿Qué tan eficientes son las pruebas "rápidas" para el diagnóstico de la COVID-19?
-
08:00 Actualidad: Sebastián Mantilla: “Digamos que Lasso es la alternativa para quienes no son afines al correísmo”
-
01:55 Sociedad: Nathaly Albán cumple sus sueños navegando en un crucero como capitana de altura
-
01:12 Cultura: Fantasmas en la lengua. Diálogo y poesía de mujeres 8M, la propuesta literaria del MAAC
-
00:13 Cultura: La música que sintoniza con el feminismo
-
00:00 Actualidad: La niña que soñaba con ser profesional y hoy es la Alcaldesa de Sushufindi.
-
00:00 EnLosBordesdeLaPolítica: ¿En dónde están los votos?
-
00:00 Elecciones 2021: #8M: Entre elecciones y pandemia.
-
00:00 Fanático: Un aporte del fútbol sudamericano al Día Internacional de la Mujer
-
00:00 Sociedad: Nemonte Nenquimo: “La selva es nuestro hogar, nuestra farmacia, nuestro mercado, nuestro templo”
Dos dirigentes de transporte irán a juicio por paralizar servicios en las protestas de octubre
1. ¿Cuál es la diferencia entre alcohol etílico y alcohol metílico?
2. “Conseguir escopolamina en el bajo mundo es fácil”
3. “Hice todo para salvar la vida de la paciente”
4. Correa revela que Carlos Pareja Yannuzzelli se reunió con los hermanos Isaías en Miami
5. COIP sanciona tres tipos de violencia contra la mujer
6. El negocio del sexo crece en Guayaquil
Ana Lucía Cevallos, jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, llamó a juicio a Jorge Calderón, dirigente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxi) y también a Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).
Así lo dio a conocer la jueza la mañana de este jueves 24 de diciembre, durante la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló en Quito.
Los cargos por los que se les imputa son por presunta responsabilidad en el delito de paralización de servicio público en relación a los hechos suscitados en octubre de 2019, durante el paro nacional.
El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que lleva el caso presentó, varios elementos de convicción, entre ellos declaraciones en las que se pronunciaron con la paralización de servicio de transporte, con lo que se iniciaron los hechos de octubre del año 2019, que desembocó en un paro nacional.
A esto se sumaron las experticias de audio y video, pericias de cotejamiento de voces de los procesados, pericias de identidad humana, documentación que los acredita como dirigentes de dichos gremios de transporte, entre otros.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública”. (I)