Treinta años después, Luis Rogelio Heras recibió una reparación a la violación de sus derechos humanos que fueron vulnerados en 1988.

Heras, en ese entonces se desempeñaba como presidente de la cooperativa minera 10 de Enero y con sus compañeros enfrentó la arremetida de los uniformados que trataron de desalojarlos del sector ‘La Playa’, cantón Pasaje, El Oro. El caso fue conocido como ‘La Tigrera’.

“Fueron los días más horribles de mi vida y estos quedaron marcados para siempre”, expresó, mientras mostraba las huellas de la bala en el brazo izquierdo y el machetazo en una pierna que casi lo deja sin su extremidad.

“El expresidente León Febres-Cordero y el exgobernador de la provincia de El Oro, Carlos Falquez Batallas (hoy legislador), ordenaron el desalojo de los campesinos que vivíamos en La Playa”, indicó el exdirigente.

Agregó que fueron masacrados, encarcelados. Hubo dos muertos y 50 compañeros heridos.

La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, firmó 13 acuerdos para reponer daños y perjuicios a las personas que  violaron sus derechos humanos. “Estos acuerdos benefician a 20 personas”.

“Es una nueva ronda negociadora que desarrollamos y es un homenaje a la memoria y dignidad de las víctimas y es el momento de la reconciliación con el Estado”, acotó.

Para la Ministra, la “reparación es material”, aunque nadie devolverá la vida de las personas que murieron. “Este no es un beneficio, ni un privilegio”.

Alvarado sostuvo que todos los casos están documentados y en Ecuador suman 300. En los últimos nueve meses el Ministerio reparó más de 60 casos en el país, sin contar con los tratados ayer en el Teatro Carlos Cueva Tamariz de la Universidad de Cuenca.

Según la Ministra, la aspiración es reparar el daño causado a los afectados. “Teníamos $ 2 millones para este tema, pero  fue recortado; sin embargo trataremos que los acuerdos se mantengan”.

El año pasado se cubrió todo el presupuesto que tenía el Ministerio, “es decir se utilizaron los $ 2 millones con reparaciones materiales a las víctimas”, manifestó.

En su intervención, Sonia Bonilla, madre del estudiante cuencano Damián Peña que murió en una manifestación estudiantil el 12 de enero de 2002 en las cercanías de la Universidad de Cuenca, indicó que en el transcurso de estos años se creó una memoria, con las luchas y protestas, para que el Estado no se olvide de estos casos que fueron lamentables violaciones a los derechos humanos.

Para Bonilla fue difícil enfrentar a una justicia, “que en momentos le tembló la mano cuando que señaló a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”.

El evento se efectuó en el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos. (I)

Defensor del Pueblo cree que J. Claudio fue ejecutado
Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo de Ecuador, espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte el caso de José Claudio, policía de 22 años, que aparentemente se suicidó cuando custodiaba un laboratorio de Antinarcóticos, en El Oro, en junio de 2008.

Rivadeneira explicó que los hechos relacionados con la muerte de Claudio no están esclarecidos, pues al revisar el expediente observó que las indagaciones no fueron bien elaboradas. “Dudamos de la veracidad de la investigación, se perdieron documentos, nos costó obtener acceso al expediente y notamos que hubo apresuramiento al cerrar el caso”.

El funcionario señaló que en una de las versiones encontradas se revela que José Claudio no accedió a cometer actos de corrupción, pues se pretendía vender y negociar ilícitamente materiales del laboratorio Antinarcóticos custodiado.

“Creemos que fue ejecutado extrajudicialmente por sus mismos compañeros de la Policía”, aseguró.

Además, afirmó, que no se realizó un proceso administrativo por la entidad policial. (I)