En la Defensoría del Pueblo desde varios meses atrás es creciente el número de casos que son rechazados por la mala orientación de los usuarios, quienes acuden a las oficinas de Guayaquil, ubicadas en la esquina de Lorenzo de Garaycoa y Víctor Manuel Rendón. A este lugar llegan ciudadanos para solicitar  un abogado para las causas judiciales que afrontan, algo que no es competencia de esta institución.

Carlos Villacreces Pincay, representante del Defensor del Pueblo en la provincia del Guayas, anota que a estas instalaciones llegan personas que quieren instaurar un juicio de alimentos, trabajadores mal indemnizados o en el peor de los casos sin su correspondiente  indemnización. “Ellos deben acudir  al Defensor Público donde le colocan un abogado para que sigan sus trámites sin ningún tipo de costes”, explica.

Esta confusión que hay en la comunidad nace de la similitud de nombres y de la recientemente institucionalidad de la Defensoría Pública que se creó en  octubre de 2010, por  Decreto Ejecutivo. Desde ese momento pasó a formar parte de la Función Judicial, indica Rafael Román, presidente de una consultora jurídica.

Derechos humanos

Las dos defensorías tienen funciones parecidas porque están para ayudar y resolver temas en el campo legal. El Defensor del Pueblo garantiza que los servicios básicos sean óptimos, que no haya publicidad engañosa, que se respeten los derechos humanos de todos los ecuatorianos, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior.

Román agrega que el Defensor del Pueblo tiene las funciones de lo que antes se llamaba “abogados de los pobres”; es decir, colocar un letrado en la defensa de causas de personas de escasos recursos económicos. La diferencia es que ellos ahora son una institución reconocida y están dentro del sistema.

Afirma que es una institución  de derechos humanos cuya facultad es la tutela y la protección de los ciudadanos dentro del país y de los ecuatorianos que están fuera del país. “Tenemos el deber de tutelar el derecho de los consumidores, que no se les cobre valores que no están sustentados en la ley y ahí es cuando actuamos”.

En el campo legal

Jorge Rojas Jara, director del Guayas de la Defensoría Pública, recuerda que en la Constituyente de Montecristi se estableció la existencia del organismo en que él trabaja, el cual tiene como objetivo defender a las personas de escasos recursos económicos.

“La mayoría de los casos que recibimos son en asuntos laborales, de la niñez, detenidos que son personas pobres. El servicio es totalmente gratuito y no les cuesta ni las copias”, asegura.

En todo el país cuentan con 120 abogados y en Guayas hay 52 que trabajan en la defensa de diversos casos.

Destaca que han venido capacitando al personal con profesores nacionales o extranjeros. Algunos por sus propios medios han seguido seminarios y cursos en  las universidades de Chile, ABA de los Estados Unidos y en Europa.

Linda Roma de Preciado   laboró por cinco años con una familia de extranjeros. A ella nunca la afiliaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y  a la semana tenía un día libre. Nunca le pagaron los beneficios como décimos, ni vacaciones. Al acudir a la Defensoría Pública, inmediatamente recibió asesoría. Se le tomaron sus datos para que el equipo a cargo del caso decidiera qué  camino tomar para la defensa de la señora.

“La personas tienen derecho  a demandar, y si son de escasos recursos económicos, sus casos son  igualmente tratados con la misma entereza”, aclara Rojas.

Para Roma, la ayuda que recibe en este momento es calificada como positiva. “Inicialmente fui a la Defensoría del Pueblo, pero ellos amablemente me indicaron que este caso es para la Defensoría Pública, que tienen abogados que enrrumbarán la causa”, expresó.