Cuestionan validez de títulos de 77 jueces

De 596 jueces que administran justicia en los tribunales del país, según un corte a enero de 2011, 77 obtuvieron sus títulos profesionales en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE),   que cerró sus puertas por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, en junio del 2008,   informó en un comunicado el Ministerio de Justicia.

Respaldados en un extenso informe, que citaba, entre otras anomalías, la entrega fraudulenta de títulos superiores, como   de doctores en leyes, los asambleístas de Montecristi cerraron el centro de estudios, en el cual  se denunció que en pocos meses, y sin un plan de estudio adecuado,  graduó profesionales de tercer nivel en carreras que en universidades legales y con un pénsum apropiado tardarían varios años. Incluso,   se habló de compra de títulos y demás irregularidades.

Con base en esos antecedentes, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senacyt), realizaron una investigación para determinar cuántos  títulos cuestionados se entregaron a servidores judiciales, en especial a los jueces del país.

Como resultado  se determinó que de 3.730 judiciales que tienen título de educación superior, 1.181 lo consiguieron en universidades cuestionadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (Conea), lo que representa el 31,24% de los funcionarios judiciales.

A su vez, de estos, 213 funcionarios ostentan un título superior (casi todos en Derecho) en la  UCCE, y de ellos, 77 son jueces  en diversas salas y tribunales del país.

Como parte del Mandato 14, que cerró esta institución de educación, se dispuso que los títulos cuestionados de la UCCE no podían ser inscritos en los registros profesionales que maneja la Senacyt,  que pretenden garantizar la probidad de los estudios cumplidos, así como su valía profesional.

Pese ello, no han faltado los recursos legales para inscribir como válidos esos títulos en la Senacyt.

Con este estudio, el Ministerio de Justicia también busca transparentar la relación que existe entre los problemas de la educación superior y la mala administración de justicia  que hay en el país.