La tarde del jueves anterior el fiscal Julio Vacacela presentó la apelación en la Corte Provincial de Justicia, en torno al sobreseimiento de 39 procesados por usura dictado por la titular del Juzgado Primero de Garantías Penales del Guayas, María Gallardo.

Un día después la Fiscalía Provincial anunció que presentará ante el Consejo de la Judicatura una queja contra la funcionaria para que analice presuntos procedimientos no apegados a la ley.

A criterio de la jueza Gallardo, el fiscal Vacacela no contó con indicios suficientes, es decir, no sustentó su acusación para presumir el delito del que acusó a los 39 procesados detenidos el 14 de agosto de 2013, en diferentes ciudadelas del norte de Guayaquil, donde, según la Fiscalía y Policía Nacional, se perjudicaron a 40.000 personas bajo la modalidad de chulco, cobrando el 20% de interés mensual.

El juez Ángel Moya dictó prisión contra dos  detenidos por  presunto delito de usura.

Pero, Vacacela mantiene su postura al decir que la magistrada Gallardo no valoró las evidencias mostradas, es decir, cartillas de cobro, mensajes de texto, fotografías, dinero, motocicletas y demás elementos con los que intenta demostrar el cometimiento del ilícito.

Gallardo explicó que el hecho de que existan aquellos objetos no son elementos sustanciales para presumir el delito de usura, sino que haya un préstamo superior al que exige la ley, en otras palabras se debe comprobar que hubo un capital, el interés y cómo se produjo en un tiempo determinado.

“De haber una cartilla debe demostrarse que A le prestó a B tanto dinero y cuál fue el porcentaje, el fiscal no ha ordenado ningún informe pericial, documento lógico y tampoco ha dispuesto una pericia contable”, expresó Gallardo.

Vacacela no compartió esta opinión y aseveró que actuó conforme al ordenamiento jurídico, en la audiencia preliminar (de sustentación de dictamen y llamamiento a juicio), se habló de las presunciones suficientes para que el proceso prosiga en un tribunal penal, y que es allí donde irán los peritos que analizaron las evidencias para dar una explicación.

“Había las suficientes presunciones de un delito tan grave que ha causado conmoción como es la usura, que proviene de un delito que es lavado de activo y que conlleva a otros más graves (extorsión, homicidios)”, dijo el fiscal.

Ante esto, Gallardo declaró que Vacacela debió presentar ante el juzgado el producto de la investigación (informes periciales y otros elementos) que compruebe el ilícito, de lo contrario no existiría la etapa intermedia y los fiscales llevarían sus casos directamente al Tribunal de Garantías Penales.

Sobre la queja de la Fiscalía, Gallardo manifestó que esta debe presentarse cuando ocurra un error administrativo o haya falta de diligencia, no para revisar una decisión jurisdiccional. “En mi caso no lo hay”, mencionó y agregó que el Consejo de la Judicatura analizará de donde provino la imprudencia.

Asimismo, explicó que una queja no tiene el fin de intimidar o inducir al juez sobre su convicción, porque eso sería una injerencia interna en la Función Judicial.

Otros detenidos

La noche del jueves 9 de enero se detuvo a un colombiano y un ecuatoriano como sospechosos de estar relacionados con los procesados en el caso usura, sobreseídos.

“Pertenecen a la misma banda. Fuimos directo a un local donde siempre se han reunido los del grupo, en la Florida, donde funciona un restaurante”, indicó Vacacela y agregó que se les encontró dinero en efecttivo, celulares y más cartillas de cobro.

El fiscal explicó que, pese a la presunta relación, esto forma parte de otra investigación. También informó que espera la convocatoria de la Sala Penal que analizará el sobreseimiento de los 39 imputados.

Será ante una terna de jueces de segunda instancia donde se ratifique la resolución del Juzgado Primero de lo Penal o se acoja el pedido de la Fiscalía. Todavía no se conoce la fecha de la diligencia.

Vacacela expresó que en caso de que acepte el recurso presentado ve difícil continuar de inmediato el juicio en un tribunal, pues no sabe si podrán localizar a los procesados (algunos de ellos extranjeros), a quienes el 6 enero les giraron la boletas de excarcelación.