La Mesa de Lucha contra la Corrupción liderada por el Consejo de la Judicatura (CJ) nació en medio de polémica. Este miércoles 13 de enero, el organismo suscribió un convenio con la Defensoría Pública y la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE), para para crear acciones en contra de los actos de corrupción y optimizar mecanismos de transparencia.

En la convocatoria del acto estaban invitados autoridades de otras instituciones como la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Fiscalía General del Estado.

En el primer caso, al acto acudió José Suing, presidente Subrogante de la CNJ. Sin embargo, luego de efectuarse el evento, se difundió una aclaración de que la Alta Corte no suscribió ni tampoco se adherirá al acuerdo de creación "por cuanto existen espacios articulados a través de los cuales, la institución promueve la transparencia, integridad y ética en la administración de justicia", señaló una aclaración difundida por el departamento de Comunicación de la Corte Nacional.

"Específicamente, desde el año 2018, la CNJ forma parte de la Red Mundial de Integridad Judicial y de la Campaña Unidos contra la Corrupción de las Naciones Unidas", detalló el personal a cargo y aclaró que solicitó una rectificación al Consejo de la Judicatura, ya que el representante de la Corte no firmó el acuerdo.

Similar situación se observó con la postura de la Fiscalía General del Estado. Mediante un comunicado, la Fiscalía aclaró que no se adhirió a la Mesa contra la Corrupción, ya que la institución dentro de su eje de acción ya cuenta con un Plan de Lucha contra la Corrupción y Transparencia.

También cuenta con la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, además de haber creado (en mayo de 2019) la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para combatir los delitos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Esta situación pone en evidencia que existe la intención de luchar contra los delitos relacionados a la corrupción, pero crear múltiples instituciones no arregla el problema, a decir del jurista Sergio Cadena.

El experto recuerda que este no es el único intento por conformar un frente común contra la corrupción. Y mira con preocupación cómo en los últimos años, los ecuatorianos han visto de cerca las "instituciones fugaces" con ese objetivo.

Cadena recordó la conformación del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, suscrito con el apoyo del presidente Lenín Moreno el 5 de junio de 2017.

La organización se conformó con miembros de la sociedad civil y varios ministros del ramo.

En sus primeras acciones, este órgano presentó al Ejecutivo un informe con el que se planteaba la creación del Sistema Macro de control para combatir a la corrupción. Si bien, ese archivo evidenció un primer acercamiento y labor del Frente, su gestión no prosperó.

Hubo otro intento que tampoco alcanzó resultados. En febrero de 2019 se creó la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República, delegando a Iván Granda como su titular. Después fue puesta a cargo Dora Ordóñez y luego, lo asumió José de la Gasca.

Sin embargo, esta gestión se vio interrumpida tras los cuestionamientos que presentó la Fiscal General Diana Salazar, quien señaló que la Secretaría estaba incurriendo en labores que, por normas constitucionales, corresponden a la Fiscalía.

Fue así que el 22 de mayo de 2020, Moreno emitió el decreto para eliminar esta dependencia.

Andrea Alcívar, abogada en libre ejercicio, opinó que la Fiscalía "se hace respetar dentro de su institucionalidad". A decir de la jurista, es correcto que las instituciones se preocupen por generar espacios de control, pero advirtió que existen normas explícitas que indican que todas las denuncias deben ser canalizadas ante esta institución.

"Las alianzas para luchar contra la corrupción han fallado, porque no se ha respetado la labor que cumple la Fiscalía. Tomemos como ejemplo la Contraloría, cuando detecta una irregularidad, emite un informe y lo remite a la Fiscalía, eso deben hacer el resto de las instituciones", expresó. (I)