La Corte Constitucional suspendió el jueves 28 de marzo de 2019 la aplicación de una serie de requisitos que el Gobierno nacional había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos en el territorio nacional.

La Corte acogió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y aceptó su solicitud de suspender de forma provisional varios acuerdos ministeriales que exigían requisitos adicionales para aceptar la entrada de migrantes venezolanos, como pasaportes actualizados y un registro de antecedentes penales, entre otros.

En una resolución, la Corte Constitucional resolvió admitir a trámite la acción pública de inconstitucionalidad y "aceptar la solicitud de suspensión provisional de las normas impugnadas".

Los demandantes solicitaron que se suspendan de forma provisional las medidas migratorias, "mientras se resuelve la presente acción pública de inconstitucionalidad", precisa el escrito de la Corte Constitucional.

Además, la Corte corrió traslado del fallo a la ministra del Interior, María Paula Romo, al canciller José Valencia y al procurador del Estado, Iñigo Salvador, "para que den cumplimiento inmediato con lo dispuesto".

Esas autoridades tendrán un plazo de quince días para impugnar eventualmente la decisión de la Corte Constitucional.

El Gobierno ecuatoriano dispuso que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en el territorio nacional debían presentar pasaportes actualizados y un certificado de antecedentes penales "de los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado".

En la demanda, la titular en funciones de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, acompañada por otros representantes de organismos de derechos humanos, aseguró que los acuerdos ministeriales atentaban "contra el principio de igualdad y no discriminación" establecido en la Constitución.

Asimismo, señaló que la normativa interna y regional permite el ingreso y circulación de ciudadanos suramericanos con la sola presentación del documento de identidad, por lo que aplicar los requisitos adicionales a los venezolanos "genera un trato diferenciado que resulta discriminatorio" y atenta contra el principio de igualdad.

La exigencia del pasaporte a finales del año pasado, ante el aumento inusitado del flujo migratorio de venezolanos por la región, así como la presentación del llamado "pasado judicial", en febrero anterior, fue cuestionado por organismos de derechos humanos.

Además, cuestionaron que el requisito de antecedentes penales se haya exigido a raíz de un caso de femicidio ocurrido en enero pasado contra una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana, que generó reacciones xenófobas en algunos sectores de la sociedad. (I)