El exministro Iván E. y Walter A. cumplirán una sentencia de 10 años de privación de libertad como autor y coautor, respectivamente, del delito de lavado de activos. Además, Juan Carlos B. y Johanna V., como cómplices del hecho, continuarán con una pena de tres años y cuatro meses de cárcel.

La sala especializada de la Corte Provincial del Guayas anunció el fallo, la mañana de este miércoles 11 de diciembre de 2019, luego de tres días de la audiencia en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la fiscal Ivonne Proaño. El juez Henry Morán motivó la decisión, que fue unánime, durante 30 minutos.

En ese tiempo detalló que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) emitió un reporte de depósitos inusuales en una entidad bancaria de Guayaquil por $ 370.000 en efectivo a favor de una empresa de construcción, con la que Iván E. adquirió una casa. Los depósitos, según la investigación, eran realizados en efectivo por Walter A., mano derecha de Iván E.

El magistrado precisó que normalmente cuando se realizan depósitos en efectivo de más de $ 10.000, el depositante debe llenar un formulario de licitud de fondos. Sin embargo, según la UAFE estos se falsificaban con datos de otras personas.

Además, el juez Morán indicó que durante la diligencia se presentaron como indicios del delito la compra de una casa en Samborondón por esos $ 370.000.

El dinero fue depositado por Walter A. en seis cuotas entre noviembre de 2013 y abril de 2014. También la pericia del Departamento de Criminalística corroboró que los rasgos caligráficos en los formularios falsificados de licitud de fondos eran de Johanna V.

El juez añadió que Iván E. prestó $ 70.000 al Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), aunque la casa ya estaba comprada.

El dinero fue entregado a la misma empresa constructora e Iván E. autorizó a Walter A. para que retirara el valor. Con ese monto, Walter A. adquirió una camioneta por $70.000. Pagó $ 50.000 y el resto se canceló en cuotas.

Iván E. además realizó una inversión en Servicios Médicos Nacionales, que brindaba servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como prestadores exteriores.

“Se estableció que transfirió sus acciones de la empresa por $ 100.000 a Juan Carlos B., pero a pesar de eso continuó como accionista y participó de reuniones”.

También constituyó una empresa familiar, la que fue allanada por Fiscalía. Ahí se encontró un computador con información de aportaciones que Iván E. realizó, valores que alcanzaron los $ 80.000. Allí recibía $ 4.000 de sueldo mensual como asesor y el trabajo lo realizaba vía telefónica. En la diligencia también se trató de la compra de otro carro por $ 36.221.

Además la Contraloría General del Estado emitió un informe de indicios de responsabilidad penal en contra de Iván E. por diferencias de patrimonio no justificadas en sus declaraciones juramentadas, desde que entró a la función pública.

Vanesa Zavala, defensora de Iván E., enfatizó que no se respetó el principio de seguridad jurídica ni de legalidad. “La resolución de los jueces está basada en hechos equivocados” y anunció que presentarán los recursos legales necesarios.

La fiscal Ivonne Proaño manifestó que esperarán el pronunciamiento escrito del Tribunal para referirse, por ejemplo, al monto real de lo lavado. (I)