La Corte Constitucional (CC) dio a conocer esta mañana la decisión de la entidad sobre la consulta de norma en el caso waorani, propuesta por el juez segundo de Garantías Penales de Orellana. 

Ese magistrado pidió a la CC, que se pronuncie con  respecto a la aplicación de la constitucionalidad del inciso inserto, antes del 441 del Código Penal, que preve cuál será  la sanción a imponerse frente al cometimiento de un delito de genocidio. 

Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional (CC), señaló que la aplicación del artículo sobre la sanción por el presunto delito de genocidio  merece una interpretación desde una perspectiva intercultural, con el fin de evitar la vulneración a derechos constitucionales. Por ello, señaló que se debe considerar que los procesados pertenecen a la nacionalidad indígena waorani, como pueblos de reciente contacto.

Por ello, según la decisión que leyó Molina -sin permitir preguntas de los representantes de los medios de comunicación- se determinó (con fundamento a criterios convencionales) que la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en el caso concreto por parte del juez consultante siempre y cuando se verifique de manera argumentada el cumplimiento de todos y  cada uno de los presupuestos convencionales, determinados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, todo ello en observancia a los parámetros de interculturalidad y en los  términos previstos de esta decisión.

Para proceder a una interpretación intercultural, la CC dispuso que   el juez de Orellana, que conoce el caso, previo a la aplicación de la norma consultada, deberá implementar medidas urgentes, necesarias, entre ellas, peritajes sociológicos y antropológicos, con  el fin de asegurarse que el proceso penal sustanciado sea desde una interpretación con perspectiva intercultural.

Además consideran que  la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la Constitución, deberá realizar la vigilancia del debido proceso e informar a la Corte  Constitucional, periódicamente, sobre el  cumplimiento de esta decisión, durante todo el desarrollo del proceso penal hasta su culminación.

Bajo estas consideraciones, según Jorge Yeti, representantes de los pueblos waorani del Ecuador, el juez segundo de garantías penales de Orellana, que fue quien realizó el pedido de consulta, deberá analizar el caso bajo los principios de interculturales. 

Disponen, además, que todo lo resuelto se implementará de manera celere, "sin perjuicio de las medidas y acciones procesales  inmediatas, que deberá adoptar el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, en conocimiento del caso para subsanar las actuaciones y las omisiones establecidas".

También que la normas penales que fueren aplicables en el presente caso, de conformidad al criterio del juez, deberán observar los principios constitucionales analizados y deberán ser interpretadas, desde  una perspectiva intercultural.

Nacionalidades waorani acogen decisión de la Corte Constitucional

Esta mañana, para conocer la decisión de la entidad constitucional llegaron representantes de las comunidades indígenas waorani, entre ellos el defensor público, Fausto Corral, quienes fueron recibidos por Molina, quien les explicó la resolución de la entidad.

Según Corral, la resolución fue enviada al casillero judicial del defensor público.

Jorge Yeti, representante de las nacionalidades waorani, acoge la decisión de la CC, porque respeta los principios de interculturalidad de los pueblos. 

Según Yeti, con esta decisión "vamos a hacer posible la libertad de los compañeros waorani".

Precisó que desde el lunes el trámite se llevará a cabo en El Coca, con base a una "explicación de interculturalidad" con base "a los criterios de nuestra cultura".

Indicó que el "juez debe dar cuenta de lo que es la cultura waorani".

El líder indígena destacó los peritajes antropológicos y sociológicos que se realizarán. Dijo que el juez "deberá realizar una investigación de la cultura waorani y del código waorani".

Yeti afirmó que "están de acuerdo con lo que dice la CC, si es que el juez no cumple, nosotros vamos a solicitar al presidente de la CC  que haga que el juez  cumpla, nada más", señaló.

Fausto Corral, director nacional de interculturalidad de la Defensoría Pública, dijo que la decisión de la CC exige, demanda y recomienda al juez, aplicar los principios de interculturalidad, que están en la Constitución.

Dijo que inmediatamente van a pedir una audiencia para sustitución de la prisión de los 5 ciudadanos waorani que están en prisión.

Para Corral, la CC advierte al juez de "que vaya con cuidado porque el genocidio tiene parámetros muy estrictos y parece que no es aplicable en este caso, tiene que revisarse el caso en los contextos interculturales".

Señaló que los wao procesados deben ser sobreseídos porque "la Fiscalía no ha presentado las pruebas materiales de ninguna matanza, es una matanza sin muertos", sostuvo, pues señaló que fotos no son pruebas para revelar un presunto hecho de genocidio.

Dijo que el caso es una "guerra entre naciones indígenas, hay que comprender bajo este contexto, aquí no cabe ninguna figura de genocidio, hay que entender que es una guerra, acusar una guerra indígena de genocidio, es una discriminación, una aplicación de un pensamiento colonial en este contexto".

Recalcó que el proceso seguirá en la justicia ordinaria. Actualmente el proceso se encuentra en instrucción fiscal e iniciaría la etapa de presentación de pruebas del juicio. "Tiene que haber auto de llamamiento a juicio, y el juez con esta sentencia debe dejar en libertad a los wao", señaló Corral.

La CC analiza desde junio pasado la consulta del juez segundo de garantías penales de Orellana sobre el proceso que se sigue en contra de 17 personas de la comunidad waorani por un presunto ataque a un clan taromenane en marzo del 2013. De ellos, 5 permanecen en prisión.  Sin embargo, el proceso se suspendió el 14 de abril, cuando el juez de Orellana solicitó la consulta de  la norma por petición formulada por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, al existir una  duda razonable y motivada sobre la aplicación de la sanción del presunto delito de genocidio.

Según Molina, la decisión de la CC se adoptó  en sesión extraordinaria del 6 de agosto, en donde la entidad resolvió  la consulta de norma en el caso waorani, con el voto favorable de ocho de los integrantes de la entidad y una ausencia.

REVISE EL FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL