La intromisión en la justicia propició que sea controlada

- 27 de abril de 2019 - 00:00

En 2011 el expresidente anunció públicamente que intervendría en la justicia “para el bien del pueblo ecuatoriano”. Pero tres años antes, en 2008 ya lo hizo a través de la Constitución.

A seis días de cumplir cuatro años en el poder, el 9 de enero de 2011, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció al país una importante reforma en el sistema judicial ecuatoriano, vía consulta popular.

“Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano... Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas”, enfatizó ese día.

Esta afirmación generó una serie de reacciones de opositores al régimen, que cuestionaron la anunciada injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.

Pero en la práctica, la mano en la justicia ya se la había metido en 2008 con la aprobación de la Constitución de Montecristi, en referéndum del 28 de septiembre, asegura el jurista y político Andrés Páez.

Fue la Asamblea Constituyente la herramienta inicial que, con los denominados mandatos o candados constitucionales, impidió que cualquier persona obstaculice las decisiones políticas del entonces presidente Correa.

Los cambios realizados
A diferencia de la Constitución de 1998 que establecía tres funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Judicial, la Carta Magna de Montecristi determinó que serán cinco. Agregó la de Transparencia y Control Social y la Electoral.

El principal organismo de la cuarta nueva función es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyos siete miembros son designados mediante concurso público, luego de un proceso de impugnación de candidatos bajo veeduría ciudadana.

Entre las funciones del CPCCS se destacan la lucha contra la corrupción, la promoción de la participación ciudadana, y la designación de los titulares de los organismos de control y de la Función Judicial (ver infografía).

Además, la nueva Carta Magna sustituyó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el número de jueces se redujo de 31 a 21.

Asimismo, creó la Fiscalía General del Estado en reemplazo del Ministerio Público, nació la Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia.

El cuarto poder fue clave
“El origen de la injerencia de Correa en la justicia es la Constitución de Montecristi y también se centra en el Consejo de Participación”, afirmó Andrés Páez.

Y sustenta su criterio en que, a través del CPCCS, se designó a los funcionarios afines al Gobierno para las diferentes instancias fundamentales de la justicia.

Esto porque recuerda que de los siete integrantes del CPCCS, la mayoría eran correístas y por eso es que luego designó un Consejo Nacional Electoral con cinco integrantes afines al régimen.

También un Consejo de la Judicatura con cinco vocales que respondían al Gobierno o un Fiscal General identificado con Correa.

“Hay que botar a la basura la Constitución de Montecristi. Se debe recoger algunas cosas que son valiosas de esa Constitución y hacer otra”, subrayó.

En declaraciones pasadas, la exconstituyente Martha Roldós admitió que los cambios realizados en la Carta Magna han tenido como finalidad la consolidación de un Estado concentrador de poder.

La tarea se complementó
Para completar el objetivo del régimen, en 2011 Correa decidió convocar a referéndum-consulta popular y “meter las manos en la justicia”, como él mismo justificó, aunque ya lo había hecho.

Diez fueron las preguntas de la consulta popular del 7 de mayo; con el 51,99% de los votos fueron aprobadas las reformas sobre el sistema judicial y otras.

El Gobierno argumentó que los niveles de delincuencia se deben a dos factores: el hecho de que la ley protege los derechos de los delincuentes mientras desprotege a sus víctimas, y la corrupción de los jueces que permite que los malhechores sigan en la calle.

Según el Gobierno, la solución se encontraba en las preguntas 1 y 2 del referéndum. Ambos les quitaban derechos a los acusados de crímenes, al extender el período de prisión preventiva y al permitir que un acusado siga tras las rejas por un tiempo indefinido sin ser enjuiciado.

La cuarta pregunta fue para cesar a los miembros del Consejo de la Judicatura, responsable por el nombramiento de jueces en base de méritos.

Según el expresidente Correa, no funcionaba el Consejo y, por eso, requería ser sustituido durante 18 meses por otro en donde el Ejecutivo, la Asamblea, y la Función de Transparencia y Control Social nombrarían los jueces.

La quinta pregunta, al ser aprobada, modificó la composición del Consejo de la Judicatura.

A partir de esta consulta popular de 2011, la percepción de una justicia influenciada desde el Ejecutivo se consolidó en el país, dice el jurista en libre ejercicio, Fernando Altamirano.

Recuerda que varios jueces fueron removidos en aplicación del polémico “error inexcusable” por parte de la Judicatura y los críticos al régimen empezaron a ser judicializados y la protesta social comenzó a ser criminalizada.

Cuatro años después de la consulta popular, la periodista venezolana Patricia Poleo presentó, en su programa digital Factores de Poder, un capítulo dedicado a la metida de manos de Correa en la justicia de Ecuador.

Allí se hicieron algunas revelaciones; entre ellas información proveniente de la filtración de correos que se cruzaron Correa, Alexis Mera, Gustavo Jalkh, Carmen Simone, Diego Cazar, y otros funcionarios.

Se reveló que en la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, en octubre de 2011, el Gobierno envío una lista de aspirantes que debía ser aprobada.

Una vez armadas las cortes, se iniciaron procesos por las protestas sociales que terminaron con más de 700 enjuiciados.

Según Poleo, los jueces y fiscales siempre tuvieron una guía para actuar, que fueron las sabatinas, donde el mandatario identificaba a quienes él consideraba que habían cometido un delito.

Pero si no tenía respuesta por esta vía, venían las presiones por otras formas, como comunicaciones directas a los involucrados.

El penalista Miguel Revelo considera que la solución al problema actual es que todas las autoridades de las instancias de la Función Judicial sean designadas mediante concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

“Eso nos dará la certeza de que son personas probas y que de alguna manera son escogidas por la ciudadanía”, manifestó. (I)

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