En 2015, la Alcaldía de Quito, que estaba en manos de Mauricio Rodas, puso en marcha el “Plan de fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte terrestre público intracantonal”. Asignó recursos, por concepto de compensaciones, a las operadoras que cumplieran con los parámetros de calificación establecidos, dice un informe de la Contraloría. Bajo este marco, se pagó $9’958.100,00 a 18 prestadoras del servicio de transporte que ascendieron de categoría. Pero no contaron con la documentación que avale su avance en el índice de calidad previsto en el componente “caja común”, el cual abarcó factores de recaudo centralizado, distribución de los ingresos, plan de operación, entre otros.

El documento de la Contraloría señala que se canceló $6’286.800,00 a buses alimentadores y $1’137.150,00 a articulados que no tenían derecho a recibir la compensación económica, por mantener contratos y convenios de pago con la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros.

Además, las unidades no cumplieron con los requisitos de caja común. En lo relacionado con el servicio de taxi, se incrementaron cupos y se modificaron los permisos operacionales de las compañías, habilitando a 665 personas sin un proceso de regularización vigente para los periodos 2015, 2016 y 2017.

También con base a un estudio contratado por el cabildo en 2016, se estableció la necesidad de aumentar 8.693 taxis para solventar la demanda de transporte en la capital. Con este estudio se inició el proceso de regularización y asignación de cupos de taxis, se emitieron informes favorables a postulantes que no observaron los requisitos de validación para continuar con ese proceso, dice el informe de la Contraloría.